En el contexto de la discusión respecto de la extranjerización de tierras rurales, la diputada Marcela Rodríguez (bloque Democracia Igualitaria y Participativa) presentó un proyecto de ley que propone la limitación de la adquisición de tierras rurales sin distinción de nacionalidad.

A diferencia del proyecto del Ejecutivo y del resto de los proyectos ingresados hasta el momento, esta iniciativa supone la limitación de la adquisición a una cantidad razonable de tierras rurales, según la productividad de cada región del país, sin distinguir entre extranjeros y nacionales.

“No hay nada en nuestro pasado ni en nuestro presente -sostuvo la diputada- que nos habilite a pensar que los terratenientes argentinos permitirán la distribución de la riqueza y el desarrollo de las economías del interior y los extranjeros no”.

El proyecto de Rodríguez apunta a la consolidación de una economía rural de medianos productores, que vivan e inviertan en sus propios campos. “Una mejor distribución de la tierra no sólo es deseable en sí misma, sino que contribuye a la repoblación del campo, a la preservación de la riqueza del suelo, y a un federalismo real y sustentable”.

Para eso se impulsa un límite para la adquisición de tierras rurales fijando una ecuación respecto de la cantidad que varía según las unidades económicas establecidas por cada provincia, respetando las facultades de las provincias en esta materia.

Además, la propuesta prevé un sistema de control concurrente y articulado entre un Registro de Relevamiento Rural nacional -creado por el propio proyecto- y los registros de la propiedad inmueble provinciales.

La diputada Rodríguez no descartó que sus propuestas en materia de organismos y sistemas de control puedan ser compatibles con otros proyectos presentados, fundamentalmente, por su precisión para evitar que las sociedades burlen los límites fijados.

“Creo que este proyecto abre una alternativa viable a la falsa dicotomía planteada entre una iniciativa chauvinista ineficaz y objeciones propias de un liberalismo decimonónico incapaz de garantizar el desarrollo con justicia social que es un imperativo de nuestra Constitución. Por otra parte, asumir seriamente, esta tarea implica encarar discusiones estructurales más amplias: reformar la ley de arrendamientos rurales para favorecer a las inversiones estables responsables, promover el aprovechamiento igualitario de los desarrollos científicos y tecnológicos y plantear una reforma tributaria que contemple, por ejemplo, un impuesto a la tierra ociosa”.