Aprobaron en la provincia de Buenos Aires un nuevo régimen para los administradores de consorcios.
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley a través de la cual se crea un nuevo régimen para los administradores de edificios, también se establece la confección de un Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal provincial.
El proyecto aprobado por los senadores crea un Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires, al que estarán obligados a inscribirse las administradoras de Consorcios que ejercen a titulo oneroso y será voluntaria para las personas físicas o jurídicas que administren gratuitamente Consorcios de Propiedad Horizontal.
En la normativa se plantean los requisitos para inscribirse en el Registro y estarán impedidos de hacerlos aquellos que estén inhabilitados para ejercer el comercio, fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva, sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco años desde que la medida haya quedado firme y inhabilitados por condena penal por delitos dolosos relacionados con la administración de intereses, bienes o fondos ajenos, mientras dure la inhabilitación.
El proyecto que tiene 23 artículos en su Capítulo V establece preceptos sobre el mandato de administración y detalle que “en todos los casos en que los Reglamentos de Copropiedad y Administración de cada consorcio no estipulen el plazo por el cual se extiende el mandato o bien lo estipulen por tiempo indeterminado, se establece que el administrador tendrá un plazo de un año para el ejercicio de su función, pudiendo ser renovado en igual término”.
Además se consigna que “los honorarios del administrador serán establecidos por la Asamblea de Propietarios y sólo podrán ser modificados con la aprobación de la Asamblea Ordinaria, o en su caso de la Extraordinaria convocada al efecto y por la mayoría dispuesta en el Reglamento de Copropiedad. A falta de disposición se requerirá mayoría absoluta de presentes”.
El artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza los derechos de los consumidores y usuarios.
