La diputada nacional del Gen Virginia Linares presentó un proyecto de ley ampliando los beneficios que establece la Ley de Emergencia Agropecuaria a aquellas actividades que tienen relación directa con la actividad, generando la declaración de emergencia comercial, industrial y de servicios.

Según establece el proyecto presentado por Linares, el Poder Ejecutivo podrá, previa declaración de la provincia afectada, declarar la emergencia comercial, industrial y de servicios en aquellas localidades con menos de 50.000 habitantes, o de hasta 100.000 habitantes cuando la emergencia se extienda por un periodo mayor a dos años, y cuya principal fuente de ingresos económicos se sustente en el desarrollo de las actividades agropecuarias en todas sus formas.

Complementariamente a la Ley de Emergencia Agropecuaria, la Ley 24.959 propicia medidas especiales para que las empresas concesionarias de servicios públicos, proveedores y prestadores privados, puedan disponer medidas para atemperar la gravedad de la crisis. “En virtud de lo que establece esta Ley, el año pasado presentamos un proyecto eximiendo de ciertos impuestos en los servicios de energía eléctrica y gas natural a los productores y comerciantes de los territorios declarados en desastre agropecuario. El mismo nunca tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados ni fue considerado por el Ministerio de Agricultura, a quien se lo hicimos llegar para su consideración”.

“De todas formas, estas normativas no alcanzan a otros ramos de actividad económica que se han visto fuertemente afectados durante las etapas de emergencia y/o desastre agropecuario. Por eso este Proyecto de Ley propone ampliar todo lo pertinente a las disposiciones de emergencia y desastre agropecuario abarcando ahora las actividades industriales, comerciales y de servicio, en aquellas poblaciones y regiones donde la principal fuente de ingresos económicos se sustente en la producción agropecuaria”, declaró Linares.

Y agregó: “A través de esta herramienta que estamos proponiendo los productores agropecuarios radicados en estas zonas podrán acceder a diferentes beneficios, como la eximición del pago de impuestos nacionales -Bienes Personales, Renta Mínima Presunta y Ganancias, por ventas forzadas, y provinciales”.

“Estamos convencidos que la ampliación de los beneficios de la Ley 26.509 a las actividades industriales, comerciales y de servicio terminará siendo una herramienta adicional que ayudará a mantener la actividad económica, manteniendo las fuentes de trabajo, la calidad de vida de los ciudadanos y el porvenir de los pueblos y poblaciones del interior de la Argentina”, finalizó la legisladora del GEN en el FAP.