En la Cámara baja de la Provincia promueven el trabajo que realizan en la “Unidad de Atención en Conflictos Juveniles especializada en Procesos Comunicacionales Restaurativos” estudiantes y graduados de la Facultad de Derecho de La Plata.
La diputada bonaerense del Gen Ana de Otazua presentó dos proyectos con la intención de que se le dé relevancia al trabajo realizado por Unidad de Atención en Conflictos Juveniles especializada en Procesos Comunicacionales Restaurativos. Asimismo, indicó en uno de los proyectos, la posibilidad de que el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense evalúe la realización de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para poner en práctica jornadas destinadas a promover estos trabajos.
La Unidad de Atención en Conflictos Juveniles especializada en Procesos Comunicacionales Restaurativos es un trabajo que materializan estudiantes y graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata en pos de un sistema alternativo para resolver conflictos de violencia juvenil; se basa en “diálogo y prevención” y apunta a evitar el encierro de los menores.
El programa busca revertir el modo de trabajo que existe actualmente en materia de delincuencia juvenil, y busca implementar mecanismos de prevención y tratamiento acorde a las características de cada uno de los chicos involucrados. El concepto de diálogo y prevención aparece así como alternativa eficaz a la judicialización de los conflictos menores, que en muchos casos deriva en el posterior encierro de niños y jóvenes en institutos de menores.
“La justicia restaurativa es un enfoque frente al delito que permite evitar largos procesos judiciales. Pero el mayor aporte radica en evitar el ingreso de los menores al sistema penitenciario juvenil, ya que los especialistas sostienen que todo menor que sufrió el encierro dentro del sistema penal juvenil, al crecer se recicla en el sistema de justicia penal de adultos como un detenido en la justicia de mayores” comentó de Otazua.
El proyecto de la UNLP está enfocado para jóvenes en conflicto con la ley penal, que ingresarían o ingresaron dentro de la órbita de la justicia penal juvenil. El propósito es lograr la reparación y restauración de vínculos rotos por el conflicto.
El sistema tiene como una de sus propuestas evitar la criminalización de la pobreza e impedir que el derecho penal juvenil sea el primer sistema de control social de los menores. En este caso, el instrumento principal es la facilitación de la comunicación con lo cual se crearan ámbitos no judiciales donde las partes podrán expresarse sin las presiones que suponen las declaraciones ante la justicia. Y además, existirá la figura del facilitador penal juvenil, quien junto a un equipo interdisciplinario, dará inicio al proceso con la participación voluntaria y activa de las partes involucradas.
