El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra , solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe a la Cámara baja sobre las medidas adoptadas para el Operativo Escudo Norte, establecido por decreto 1091/2011 del 20/07/2001, a través del cual se ha considerado “incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras noreste y noroeste de la República Argentina, así como la aprehensión y judicialización de los incursores ilegales”.

También se le solicita al Ejecutivo que detalle, entre otros, sobre los siguientes puntos: cuáles serán los procedimientos aplicables a los aviones no cooperativos para su captura; cuál es la razón , en función del despliegue de recursos humanos y materiales, para qué un operativo se instrumenta en un plazo inferior a seis meses; qué se tiene planificado, a partir del 1° de enero de 2012, con relación a los objetivos planteados en el decreto; cuáles son específicamente las medidas administrativas, logísticas y operativas; cuáles serán las fuentes de financiamiento de las mencionadas medidas; en qué consiste el mecanismo de coordinación y acción expuesto en el decreto; quiénes forman parte del operativo; qué funciones cumplen cada uno de ellos; qué efectivos de las Fuerzas Armadas están previstos asignar al operativo y cuál será la función prevista y cómo se compatibiliza este operativo con la instalación de radares 3D en la frontera norte del país.

Gil Lavedra explicó que hace “largo tiempo nuestro país se ha constituido no sólo en receptor de diversos artículos de contrabando y aumentado progresivamente el consumo de estupefacientes sino que también se transformó en una verdadera plataforma de distribución a terceros países”.

“Es por ello que deben ser encaradas, a la mayor brevedad, políticas que tengan como finalidad tomar todos los recaudos a disposición del Estado a fin de poner todas las fuerzas de seguridad necesarias para el control de fronteras y para el combate de estas prácticas ilegales”, dijo Gil Lavedra, a quien acompañan con sus firmas el presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja, diputado nacional Julio Martínez, y sus pares de bancada, Juan Pedro Tunessi y María Luisa Storani.

“Más allá de compartir los objetivos perseguidos por el mencionado decreto –agregó-, del mismo se desprenden ciertas inconsistencias, toda vez que -sólo a modo de ejemplo- no se determinan los procedimientos aplicables en el caso de la detección de aviones sospechosos ni se aclaran las medidas administrativas, logísticas y operativas que deben adoptar los ministerios de Seguridad y de Defensa”.

Gil Lavedra afirmó que “no se entiende cual es la razón por la cual el Operativo tiene tan corto tiempo de duración, lo cual lo torna prácticamente estéril. Tampoco se especifican cuáles son las fuentes de financiamiento para tomar las medidas que se pretende implementar ni se aclara cuál será la asignación de recursos humanos y físicos para su despliegue. Finalmente, nada se dice acerca de las características de los radares tácticos a utilizarse”.