La senadora del Peronismo Federal y titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Sonia Escudero, presentó un proyecto de ley que declara “el acceso al agua potable y el saneamiento un derecho humano fundamental para la vida”, y prohíbe su exportación.

“El 22,3 por ciento de los hogares de nuestro país no tiene acceso a la red pública. En Salta, el porcentaje es aún superior: más de un 25 por ciento no tiene agua de red, mientras que un 37,9 por ciento no tiene desagüe cloacal en su vivienda”, aseguró en un comunicado la legisladora.

La iniciativa propone establece la obligación del Estado -nacional, provincial y municipal, en sus respectivas jurisdicciones- de garantizar el acceso al agua potable a todos los habitantes del territorio nacional, y prevé la implementación de un sistema de tarifa social cuando las personas no puedan acceder a estos servicios por motivos económicos.

Uno de los puntos importantes del texto es que no se podrá realizar “la exportación a granel de agua dulce, en todos sus estados, obtenida de fuentes superficiales o subterráneas”, excepto en dos casos: cuando se trate de la ejecución de tratados internacionales suscriptos por la Argentina por razones humanitarias o de emergencia -previa evaluación del impacto en el medioambiente y en el nivel de abastecimiento interno-; y en establecimientos de bebidas hídricas, de conformidad con lo previsto en el Código Alimentario Argentino.

Escudero advirtió: “Resulta alarmante confirmar que el agua contaminada es la segunda causa de muerte infantil en el mundo. Cada año, mueren cerca de 1,5 millones de niños menores de 5 años como consecuencia directa de la diarrea y otras enfermedades causadas por el agua sucia y por un saneamiento insuficiente”.