Mientras el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires Martín Sabatella lanzó en los últimos días una campaña para terminar con los desarmaderos ilegales, hace una año que en la Cámara de Diputados bonaerense se pasea por las comisiones un proyecto de ley para cerrar los establecimientos donde se comercializan repuestos y partes de automotores.

Así lo hizo saber el autor del proyecto, el diputado provincial radical Carlos García, quien puntualizó: “Coincidimos con este anuncio de campaña, pero es bueno recordar que el cierre de los llamados desarmaderos fue propuesto hace un año en la Cámara de Diputados sin que desde el oficialismo hayamos tenido una mínima posibilidad de discutirlo”.

Mediante esta iniciativa se pretende prohibir la compra y venta de autopartes cerrando los denominados “desarmaderos” con el fin de evitar mayor cantidad de delitos. Al mismo tiempo establece que se indemnizará a los comercios correctamente habilitados.

García, argumentó que “es sabido que permanentemente ocurren hechos delictivos, con secuestros, lesiones y muerte de personas, con la finalidad de robar vehículos que se destinan a desarmaderos que luego de desguazarlos hacen negocios vendiendo las distintas partes como repuestos”.

“Es decir que la obtención de los materiales que constituyen el stock de los desarmaderos, se suele realizar a través de delitos contra las personas y los bienes”, añadió.

En este sentido, el legislador radical señaló que “los comercios de este tipo actualmente habilitados, deberán ser cerrados definitivamente, indemnizándose a los propietarios debidamente acreditados como tales, y que tengan la totalidad de su documentación comercial, societaria, tributaria, etc. en regla, de acuerdo a las pautas que determinen los profesionales a designar por el Poder Ejecutivo Provincial”.

Además, García sostuvo que “los comercios existentes que no estén habilitados deberán ser inmediatamente cerrados y decomisada la totalidad de las autopartes que se encuentren en los mismos”.

“No cabe duda alguna que la historia reciente de nuestra sociedad muestra que el bien jurídico seguridad es de mayor peso y valor que el interés comercial”, justificó el diputado.

El proyecto de ley tomó estado parlamentario el 23 de septiembre del año pasado, fue rechazado por la Comisión de Producción y Comercio a mediados de marzo de este año y desde el 5 de abril se encuentra en la de Seguridad y Asuntos Penitenciarios.