A raíz del caso Saldaño, quien aguarda la decisión de la Corte de Estados Unidos sobre la validez de su segundo juicio, vuelve sobre el tapete el debate sobre la pena de muerte. El diputado Juan Carlos Vega, abogado del único argentino condenado a muerte en el mundo, reflexiona acerca del rol de la Justicia y los derechos humanos en este tipo de sentencias. El que mata, ¿tiene que morir?
Por Carolina Ramos
El novelista francés Víctor Hugo escribía que “la pena de muerte es signo peculiar de la barbarie”. Alrededor de 120 años después, otro Víctor Hugo, un cordobés de apellido Saldaño, es uno de los casi 300 condenados en cárceles americanas que espera en el “pabellón de la muerte” el momento de la pena máxima. Mientras aguarda que la Corte de los Estados Unidos se expida de nuevo sobre la validez del segundo juicio, su abogado, el diputado de la Coalición Cívica y titular de la Comisión de Legislación Penal Juan Carlos Vega, hace un repaso por esta causa judicial y medita sobre los alcances de la pena de muerte.
Un recorrido por el caso
“El caso Saldaño arranca en 1995 –repasa Vega-. Es un ciudadano cordobés que se va 'a hacer la América'. Va a Nueva York, y alguien le dice que el paraíso está en Texas. Se va a Texas, lo conoce a Jorge Chávez, un marginal mexicano, y un sábado a la mañana, supermercado, alcohol, drogas (SIC), raptan y matan a un ciudadano texano llamado Paul King”.
En efecto, Víctor Hugo Saldaño está preso en el llamado “corredor de la muerte” desde hace 13 años. El motivo: la ejecución de cinco disparos que terminaron con la vida del comerciante Paul Ray King un 25 de noviembre de 1995, en las afueras de la ciudad estadounidense de Plano, tras robarle dinero y trasladarlo allí en el baúl de un auto.
El diputado explica que en realidad hay dos casos: “Uno se llama 'Texas contra Saldaño', y el otro 'Saldaño contra Estados Unidos'. Uno se sustancia en los Tribunales americanos, y otro se sustancia en los Tribunales Internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el primero, Texas quiere matarlo a Saldaño porque él participó en el homicidio de Paul King. En el segundo, Saldaño quiere que Estados Unidos sea declarado responsable de violaciones gravísimas a la Declaración Interamericana de Derechos Humanos por la discriminación racial probada en su sistema judicial”.
En verdad, Vega admite que “nunca se supo bien quién mató de los dos, porque hubo dos partícipes. Su cómplice, Chávez, fue condenado a cadena perpetua, que por comportamiento se va a transformar en 20, 25 años. Pero esa también es una parte de la historia: Chávez dice que el que tiró del gatillo fue Saldaño y Saldaño dice que fue Chávez. Nunca se supo cuál de los dos fue el autor material”.
Así fue como el primer juicio contra Saldaño se llevó a cabo en julio de 1996, en la ciudad texana de McKinney, cuando fue condenado a muerte por su condición de hispano. Este argumento racista, “horrible, espantoso, propio del apartheid”, se escondía bajo un informe estadístico que indicaba que los convictos latinos eran más propensos a reincidir en el delito. Vega cuenta que “durante el primer juicio estaba vigente en el estado de Texas una ley procesal penal que establecía que en los delitos que pueden conllevar la pena de muerte, el juez tenía la obligación de medir la peligrosidad futura del sujeto, porque de acuerdo con la peligrosidad futura era la pena. Chávez no mereció la pena de muerte porque llegó a un acuerdo con la fiscalía, y el acuerdo de Chávez fue decir que Víctor Saldaño fue el que mató”.
¿Cómo se medía en aquel entonces la peligrosidad de un condenado culpable? “Con un protocolo avalado por la comunidad científica, jurídica, psicológica y psiquiátrica –informa Vega-, que establecía una especie de múltiple choice: 26 o 28 preguntas, donde venía un psicólogo y le preguntaba a Saldaño esas cosas, entre las cuales había tres preguntas: ¿joven o viejo? (si es joven es peligroso); ¿varón o mujer? (si es varón es peligroso); ¿negro o blanco? (si es latino o negro es peligroso, si es blanco no)”. Vega logró anular esa “vergonzosa” sentencia en la Corte Suprema de Estados Unidos.
El nuevo juicio se llevó a cabo en 2005. “La discriminación racial no apareció ya con este protocolo vergonzante, sino que apareció con otra vestimenta, porque se juzgó a un ser humano que estaba absolutamente loco, por los precedentes internacionales que demuestran que estar en el 'corredor de la muerte' más de cuatro años quiebra cualquier aparato psicológico”, ratifica el titular de la Comisión de Legislación Penal. Esta es la clave del segundo capítulo en la causa que gira en torno a la pena de muerte: “Saldaño vivió en el 'corredor de la muerte', salvo pequeños intervalos, desde el año 1998. Hace 13 años que está en un 'corredor de la muerte' y su estado psicológico está absolutamente degradado, tiene varios intentos de suicidio, y la mejor etapa que pasa es cuando entra en psicosis, es decir que corta vínculos con la realidad”, advierte su representante legal.
A la espera del veredicto final
¿En qué estado se encuentra hoy la causa? “Estamos a la espera de que la Corte de Estados Unidos decida de nuevo sobre la validez o no del segundo juicio, cuando se juzgó a un loco, y a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decida sobre el grado de responsabilidad legal, política y moral que tienen los Estados Unidos de Norteamérica por haber violado esta bandera de tanta importancia pero de tanta utilización política como son los derechos humanos también”, explica Vega.
De esta manera, el diputado analiza el papel de la Justicia norteamericana: “Estados Unidos es demandado por afganos, por iraníes, por europeos, por todo el mundo, pero esta demanda le preocupa sensiblemente porque estamos tocando una de las joyas más preciadas que tiene el imperio americano, que es su sistema judicial: es muy bueno, nadie lo va a negar, pero no es para todos, y el caso Saldaño lo demuestra”.
El dilema de la pena de muerte
Casos como el de Víctor Hugo Saldaño suelen llamar la atención sobre la existencia de la pena de muerte para los asesinos. Es más, frente a los casi 300 condenados a muerte que hoy existen en las cárceles americanas, “la particularidad inédita del caso es que aquí nosotros no defendemos la inocencia de Saldaño –admite Vega-. Hay tantos abogados que defienden al culpable, pero no es el caso mío, y sino no tendríamos tantos corruptos libres en la Argentina, con procesos que duran catorce años y que terminan sobreseídos. Yo nunca defendí la inocencia de Saldaño, porque participó en un homicidio”.
En este sentido, el diputado reflexiona sobre los alcances de la pena máxima: “Yo soy un defensor de un condenado a muerte que mató, pero yo me baso en hechos. En Estados Unidos hay 51 estados, contando Puerto Rico, 37 o 38 tienen la pena de muerte, 14 o 13 no la tienen. El índice de criminalidad es exactamente el mismo: ahí tiene la respuesta para los muchachos que quieren la mano dura. No incide en nada significativo la pena de muerte, al contrario; con los descubrimientos de ADN de hoy se está demostrando que muchos ejecutados eran inocentes”.
