El diputado nacional Jorge Alvaro presentó un proyecto de ley que intenta ser una herramienta para combatir la precariedad laboral en la industria de la construcción. En el articulado de la futura norma se deroga el inciso b del artículo 2º de la Ley 22.250 -Régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción- por el cual se excluye expresamente de su aplicación a los propietarios de inmuebles regularmente ajenos a la industria de la construcción, pero que construyan, reparen o modifiquen su vivienda individual y a los trabajadores ocupados directamente por él a esos efectos.

Para el legislador si bien “los datos relevados por el Ministerio de Trabajo en relación al empleo no registrado muestra un descenso de 48.4% en 2003 al 33,4% en el tercer trimestre de 2010, la rama de la construcción es la segunda más elevada a nivel de empleo no registrado, registrando un 62,4% en el 4to trimestre del 2010. Así, la magnitud alcanzada por los incumplimientos de las obligaciones al sistema de seguridad social y el impacto de sus nocivas consecuencias, requería de un firme compromiso principalmente del Estado Nacional, pero también de la sociedad en su conjunto”.

De esta manera, con este proyecto de ley se pretende modificar tal estado de situación, otorgando mayor protección a los trabajadores de la construcción, mediante la ampliación de la responsabilidad solidaria a los propietarios individuales quienes al momento de construir, reparar y/o modificar su vivienda individual se convertirán en una herramienta adicional de control del adecuado registro de los trabajadores de la construcción evitando en mayor medida el fraude laboral y el fraude al sistema de seguridad social.

Con esta iniciativa al derogar el inciso b del artículo 2º de la Ley 22.250 se elimina completamente la exclusión del propietario del inmueble que construye o modifica su vivienda. El propietario que subcontrata trabajo de terceros, aun no asumiendo aquel el carácter de empleador directo de los trabajadores del contratista, debe responder solidariamente por las obligaciones laborales incumplidas por el empleador, en tanto no adopte medidas de contralor.

Para Jorge Álvaro, “en los últimos años la industria de la construcción ha tenido un importante desarrollo y ello ha acarreado mayor demanda de trabajadores para esta industria. La precariedad laboral afecta tanto al trabajador que la padece como al sistema de seguridad social en su conjunto, sistema cuyo pilar básico es la solidaridad”.

“Para evitar las consecuencias adversas de la precariedad laboral en la industria de la construcción, consideramos necesario adicionar al esquema un nuevo sujeto, que tenga facultades de control de las condiciones laborales de su contratista o subcontratista. Y para que esto sea efectivo, entendemos que su incumplimiento debe acarrear la responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones de sus contratistas o subcontratistas, en relación al personal que ocuparen en la obra y que fueren emergentes de la relación laboral referida a la misma”, según concluyó Álvaro.

Cabe recordar que la Ley 22.250 que regula el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción contempla una serie de obligaciones a cargo del empleador, entre ellas la inscripción de los trabajadores en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, la entrega de la credencial de Registro Laboral al trabajador, así como su tramitación o renovación, aportes al Fondo de Cese Laboral, entre otras. En el sistema vigente, quienes contraten o subcontraten los servicios de contratistas o subcontratistas de la construcción, deben requerir estas constancias fehacientes de su inscripción en el Registro de la Construcción.

Por lo tanto, la omisión por parte del propietario de la obra en el cumplimiento de dicha carga, lo hace responsable solidariamente frente al trabajador por todas las obligaciones derivadas de la relación laboral.