Más del 30% de los presos deben su situación a delitos por consumo, tráfico o intento por conseguir dinero para drogas. Esa fue una de las cifras que brindó el secretario de Estado de SEDRONAR, José Ramón Granero, quien participó del seminario organizado por Cynthia Hotton (Valores para mi país) denominado “El avance de las drogas en Argentina: el debate en el Congreso”.

La convocatoria, a la que asistieron varias organizaciones civiles que luchan contra el flagelo de la droga, entre ellas la Red de Madres y Familiares de Víctimas de drogas, fue con motivo de debatir acerca de la despenalización de drogas y escuchar testimonios, y se desarrolló en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados.

Hotton destacó la presencia de organizaciones de todo el país y celebró, a su vez, la manifestación pacífica que tuvo lugar momentos antes de la reunión, donde recorrerieron Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación con el objetivo de solicitar a las autoridades que aborden el tema mediante un debate “serio y responsable”.

A su turno, Granero precisó que 26 millones de pesos del Presupuesto 2012 serían destinados a la asistencia de drogadictos, tras lo cual explicó las programas de capacitación llevados a cabo en todo el país a nivel familiar, comunitario, educativo y laboral.

Por ejemplo, por medio del programa Quiero Ser, llevado adelante en 19 provincias, se capacitó, según explicó Granero, a más de 10 mil docentes y 270 mil alumnos.

El funcionario también destacó la capacitación a médicos en urgencias toxicológicas por los dos consumos que consideró los más problemáticos y que continúan aumentando: el alcohol y la marihuana.

Asimismo, Granero indicó que drogas como el paco “exigen más control en la asistencia por el deterioro físico y mental” de la víctima, lo mismo que ocurre, señaló, con la marihuana.

Por último, remarcó que no se trata de “enfermos comunes”, sino que, además de problemas en la salud, el consumo de drogas trae aparejadas también implicancias en lo social y en la seguridad.

También expusieron el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, el doctor Wilbur Ricardo Grimson y el juez federal Claudio Gutiérrez de la Cárcova.