El diputado nacional Jorge Mario Álvarez (UCR-Santa Fe) replicó las explicaciones que los secretarios de Política Económica, Roberto Feletti, y de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, dieron sobre la ley de Presupuesto Nacional 2012.

Alvarez cuestionó que en el presupuesto se prevea una recaudación por el impuesto a los débitos y créditos bancarios, teniendo en cuenta que esta ley, al igual que la de emergencia económica, vence el 31 de diciembre de 2011.

El diputado advirtió que la prórroga o no de dichas leyes “deben ser tratadas antes del presupuesto”, aunque adelantó que “no sólo es cuestionable la continuidad del impuesto al cheque, sino su coparticipación actual”, ya que “sólo se reparte al conjunto de las provincias el 15 por ciento, pudiendo cuantificar el perjuicio a Santa Fe en 1300 millones anuales”.

“Hoy no hay motivos para prorrogar la emergencia, salvo la necesidad de la presidenta de poder fijar tarifas, renegociar contratos de concesión, fijar precios, y tener más facultades discrecionales”, concluyó Álvarez.

Por otro lado, el diputado radical cuestionó el uso y abuso que hace la presidenta de los Decretos de Necesidad y Urgencia y manifestó que “ante la no aprobación del presupuesto 2011, Cristina Kirchner dictó un decreto prorrogando el presupuesto 2010 (dentro de sus atribuciones) e incorporó artículos, particularmente referidos a temas tributarios que la ley de administración financiera en su artículo 20 prohíbe”.

Explicó que “la gota que colmó el vaso, es el artículo 26 del decreto 2054/2010 que prorrogó la ley de Pacto Fiscal hasta el 31 de diciembre de 2015, no sólo excediéndose en sus facultades, máxime pudiendo enviar un mensaje al Congreso sino que, además, con total desparpajo, lo hizo por el término de cinco años”.

“El Gobierno de la provincia de Santa Fe oportunamente presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la aplicación del artículo 76 de la ley 26.078, que prorrogó -sin el acuerdo previo o posterior de Santa Fe- la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable con destino al sistema de previsión social de la Nación administrado por la ANSES”, recordó Álvarez.

El diputado radical agregó que, “lo actual supera lo que motivó el reclamo del Gobierno de Santa Fe (por el mismo tema), y que mereció el acompañamiento unánime de la UCR (provincial y nacional), ya que esta vez, no sólo prorroga un pacto, que de por si requiere el acuerdo de las dos partes, sin el consentimiento de la provincia, sino que lo hace a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), por cinco años y pasando por encima del Congreso”.

“Sin dudas este es un nuevo atropello a la división de poderes y al federalismo. La única respuesta de los funcionaron fue que lo hicieron dentro de la ley”, sostuvo Álvarez.