El objetivo del proyecto es promover el desarrollo, con el objeto de evitar la migración del as pequeñas ciudades hacia las más grandes.
La diputada nacional del bloque GEN Virginia Linares presentó un proyecto de Ley de Revitalización de los Pueblos de la República Argentina, para promover el desarrollo económico en las localidades de hasta cincuenta mil habitantes.
“La migración hacia grandes centros urbanos por parte de los jóvenes de los pueblos y pequeñas ciudades de nuestro país se ha convertido en una costumbre. La falta de continuidad de proyectos, de competitividad económica y profesional en los pueblos son algunas de las causas”, explicó Linares destacando la relevancia del proyecto.
El proyecto de ley crea un programa dirigido a personas entre 18 y 35 años que presenten un proyecto productivo en cualquier área de desarrollo económico, sea industrial, agropecuaria, comercial y/o de servicios, para una localidad de hasta cincuenta mil habitantes. Los proyectos serán evaluados y seleccionados por un Consejo de Evaluación y Seguimiento.
“Los responsables de los emprendimientos seleccionados gozarán de beneficios como un pago inicial de hasta cinco veces el valor de un salario mínimo, vital y móvil por cada integrante del proyecto, infraestructura y disposición sin cargo o a valores reducidos de instalaciones cedidas por parte del Estado, asesoramiento técnico y comercial, y exenciones impositivas para la incorporación de empleados”, sostuvo la diputada del GEN en el FAP.
“Algunos de los primeros datos del Censo 2010 indican, por nombrar algunos ejemplos, que las localidades de Puán (Buenos Aires), Lihuel Calel (La Pampa), Mártires (Chubut), Tapenagá (Chaco), vieron disminuida su cantidad de habitantes permanentes. Por el contrario, ciudades de mayor concentración demográfica, como Bahía Blanca y Rosario, han experimentado un crecimiento en este sentido”.
“La competencia profesional y laboral en los grandes centros urbanos se ha vuelto excesiva y con algún grado de agresividad, lo que genera inconvenientes relacionados con el desempleo, el subempleo, frustraciones, precarización laboral, cambios de carreras de grado por parte de los estudiantes en busca de alternativas más rentables (desatendiendo sus vocaciones), abusos por parte de empleadores, disminución en los haberes medios percibidos, alta tasa de cambio de empleados, inseguridad laboral, entre otras consecuencias que este proyecto intenta empezar a modificar”, finalizó la legisladora oriunda de Bahía Blanca.
