Lo aseguró el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, que además informó la creación de un programa nacional de “monitoreo de la implementación de políticas públicas”.
El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, manifestó que el Gobierno nacional enviará dos proyectos de ley para modificar el Código Penal en cuanto al terrorismo y su financiamiento, y al lavado de dinero.
Alak también informó, durante una conferencia de prensa, la creación de un programa nacional de “monitoreo de la implementación de políticas públicas”, y que la Unidad de Información Financiera (UIF) adoptará medidas para “garantizar la transparencia” de dicho procedimiento.
El funcionario explicó que las dos iniciativas avalan “la totalidad de las sugerencias” realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reunirá el 24 de octubre –un día después de las elecciones presidenciales- en París.
Junto al ministro estuvieron el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli; el titular de la UIF, José Sbatella; y el secretario de Justicia, Julián Álvarez.
En cuanto al terrorismo, Alak dijo que se va a “incluir como agravante, dentro del artículo 41 del Código Penal, las penas para el terrorismo”, y detalló: “De esa manera quedarán comprendidos aquellos delitos de intimidación que tengan como finalidad aterrorizar a la población, al Gobierno y a organizaciones nacionales o internacionales”.
Para el funcionario, se “establece una nueva forma de penalizar el financiamiento del terrorismo, en el cual quedan comprendidos no solamente las asociaciones internacionales, sino también los organismos locales o individuos que recolecten fondos con el fin de realizar actos de terrorismo”. Además declaró que las protestas sociales no serán tenidas en cuenta al hablar de este tipo de delitos, ya que el Gobierno “luchará contra el terrorismo, sin afectar los derechos humanos de la población”.
Sobre el proyecto sobre lavado de dinero -delitos económicos- se impone, según Alak, “un instrumento normativo que le va a permitir a la CNV sancionar con penas, y no con multas, diversas maniobras de manipulación del mercado que puedan causar perjuicios a los ahorristas argentinos”.
Por su parte, Vanoli expresó que los delitos están relacionados con el “abuso de información privilegiada, manipulación de mercado, intermediación irregular de ahorro público, y cohecho financiero”, y que las penas dependerán “de la gravedad”, aunque “podrán ser de prisión por encima de los dos años, o inhabilitación”.
