La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó el proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo provincial a endeudarse por un monto máximo de 1.100 millones de pesos para la reconstrucción de la ruta 6.
La Cámara de Diputados bonaerense sancionó ese jueves el proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo provincial a endeudarse por un monto máximo de 1.100 millones de pesos para la reconstrucción de la ruta 6.
La iniciativa fue aprobada con el acompañamiento de la mayoría de las bancadas que integran la Cámara baja y tras las alocuciones de los diputados bonaerenses Franco Laporta, Julio Garro, Carlos García, Walter Martello, Oscar Negrelli, Juan Carlos Juárez, Sergio Panella, Miguel Díaz, Gabriel Bruera y Raúl Pérez.
La Coalición Cívica-ARI, al igual que lo hiciera la senadora María Isabel Gainza en la Cámara alta provincial, se opuso al proyecto aunque se aclaró que “no a la necesidad de la obra sino al mecanismo de financiamiento”.
Además, las bancadas opositoras no dejaron pasar la oportunidad para “celebrar” la decisión del gobierno provincial de “no esperar más al gobierno nacional” para hacer frente a esta reconstrucción.
Por su parte, la bancada denarvaista, Unión Celeste y Blanco, que preside Ramiro Gutiérrez no participó de la sesión en su gran mayoría. Consideraron que no les resultaba “razonable aprobar esta ley sin ningún tipo de debate parlamentario y sin dictamen de comisión”.
La mencionada ruta atraviesa doce municipios bonaerenses y une los puertos de Zárate-Campana con el de Berisso, donde se proyecta construir una Terminal de contenedores. Vale señalar que el proyecto tiene unas cuatro décadas y recién en el 2005 comenzaron trabajos discontinuos en algunos tramos, varios de los cuales no pudieron habilitarse porque les faltaban las señales.
Con esos 1100 millones de pesos, se concretarán además los 150 kilómetros de banquinas faltantes; los 130 kilómetros de ruta nueva, como también los arreglos del pavimento deteriorado; se construirán los altos niveles y las estaciones de control de carga.
Por la facultad concedida, primero por el Senado y ahora por Diputados, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli podrá emitir, en una o varias series, títulos de la Deuda Pública Provincial por hasta el monto asignado. Los servicios de amortización e intereses que demande este endeudamiento, serán afrontados a partir de Rentas Generales de la Provincia.
Sin perjuicio de lo expuesto, el Poder Ejecutivo podrá afectar para el pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, y como garantía, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica. También los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación – Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya.
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, podrá dictar normas, realizar gestiones, actos y demás medidas que se requieran a los fines de implementar la emisión de los citados títulos.
Asimismo, el Ministerio de Infraestructura y la Tesorería General de la Provincia podrán dictar las normas complementarias a los efectos de establecer el procedimiento mediante el cual los contratistas de la construcción, obras complementarias y mantenimiento de la obra, aceptarán los títulos públicos provinciales a emitirse a tales efectos, lo que importará la extinción irrevocable de los créditos al momento de su acreditación.
Estos instrumentos, así como los actos jurídicos de suscripción, si los hubiere, quedarán eximidos de los impuestos provinciales creados o a crearse y podrán aplicarse a la constitución de fianzas, cauciones y depósitos en garantía exigidos por la legislación de la Provincia.
La norma, consagrada hoy en Diputados bonaerense, crea una Comisión Bicameral que se integrará con ocho (8) Legisladores, en razón de cuatro (4) por cada Cámara los que serán designados por Resolución de las presidencias y deberán contar necesariamente con participación de las minorías entre sus integrantes.
Tendrá como finalidad el seguimiento, la fiscalización y el control de los objetivos establecidos en la presente Ley, y las que en lo sucesivo la modifiquen, hasta la total culminación de las obras proyectadas.
La Comisión designará sus autoridades y dictará su propio reglamento interno, el que será aprobado por la mayoría de los miembros que la compongan.
