La Cámara de Diputados bonaerense sancionó un proyecto de ley destinado a que el Estado bonaerense no financie con sus avisos a los medios de comunicación que tenga personal periodístico “en negro”.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que preside Horacio González sancionó un proyecto de ley destinado a que el Estado bonaerense no financie con sus avisos a los medios de comunicación que tenga personal periodístico “en negro”.
Se trata de una iniciativa para que la Provincia adhiera al artículo 64 de la Ley 12.908, que prohíbe otorgarle publicidad oficial a las empresas que no cumplen con las normas laborales y previsionales de los periodistas.
Concretamente la provincia adhiere al artículo que estable la “prohibición” a “las dependencias de la administración, reparticiones y autoridades judiciales no podrán disponer publicaciones de ninguna índole, condicionadas a un régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que utilicen personal comprendido en este estatuto que no hayan cumplido previamente las disposiciones” del Estatuto del Periodista establecido por la ley nacional 12.908, “la de jubilaciones y pensiones de periodistas y toda la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional”.
Se agrega en dicho artículo, que “el Poder Ejecutivo nacional convendrá con los gobiernos provinciales, la aplicación de estas disposiciones, dentro de sus respectivas jurisdicciones”.
El proyecto presentado por el senador bonaerense Federico Scarabino que fue respaldado previamente por los demás integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, nació tras una gestión de dirigentes del Sindicato de Prensa Bonaerense quienes hoy manifestaron su “beneplácito” con el apoyo parlamentario.
Así las cosas, el proyecto sancionado establece que “las reparticiones de la Administración Pública provincial que dependan del Poder Ejecutivo, incluyendo organismos autárquicos, descentralizados, sociedades del Estado o con participación Estatal mayoritaria, y los poderes Legislativo y Judicial, no podrán disponer publicaciones de ninguna índole condicionadas a un régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión sobre cualquier soporte que utilice personal comprendido en las previsiones de la Ley nacional 12908 y decreto ley 13839/46, que no cumplan con las disposiciones de dichas normas y de toda la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional”.
“Es necesario terminar con el actual modelo de pseudo empresarios periodísticos (algunos al margen de la ley) que le exigen pautas de publicidad oficial en todos los niveles gubernamentales, pero no hacen el mismo esfuerzo en pagar retribuciones salariales dignas, de acuerdo a lo que marca la legislación vigente, a los trabajadores de prensa”, indicó Ricardo Salas, secretario gremial del Sindicato provincial.
El proyecto fue respaldado por todos los bloques que integran la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires y fue presentado sobre tablas por el mayoritario bloque del FpV/PJ que conduce el diputado Raúl Pérez.
