La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, anunció la creación de un nuevo cuerpo policial de Prevención Vecinal -dentro de la orgánica de la Policía Federal- que entrará en funciones el año próximo. Como porteño y un humilde conocedor de las cuestiones de seguridad pública, dicho anuncio sólo me genera incertidumbre y preocupación.

Antes de comenzar un análisis pormenorizado de la cuestión que nos ocupa debemos tener claro que una política pública de seguridad es un conjunto de estrategias e intervenciones públicas implementadas por diferentes actores estatales y sociales –públicos y privados- a los efectos específicos de abordar y resolver aquellos riesgos y conflictos, concretos o previsibles, de carácter violento y/o delictivo, que lesionen derechos y las libertades de las personas en un determinado ámbito espacio-temporal (Saín, 2008)[1]. Y, que para que dicho conjunto de estrategias abarquen de manera integral a la problemática de la inseguridad, tenemos que entender que la intervención del Estado frente al delito debe tener un carácter multidimensional y multidisciplinario porque éste es un fenómeno social multicausal que no puede ser comprendido desde una sola variable (Burzaco et. al, 2004)[2], sino que requiere una visión amplia e integradora que se centre en tres tipos de intervenciones: a) de gestión administrativa, con el desarrollo de medidas de ayuda social para los grupos de riesgos proclives a la criminalidad b) de gestión policial, la disposición de medidas de control de previo y posterior a la comisión de los delitos; c) de gestión judicial, a través, de la investigación y el proceso penal para la represión del delito.

Frente a estas consideraciones conceptuales, analizando las futuras funciones de la Policía Vecinal, me surgen las siguientes preocupaciones e incertidumbres:

Más de lo mismo. Sin dejar de reconocer que la inseguridad figura al tope de las preocupaciones de los porteños y que urge una respuesta estatal, la creación de otro cuerpo policial se enmarca en los reiterativos e ineficientes intentos de solucionar dicha cuestión con más presencia policial, sin analizar en profundidad el complejo entramado delictivo de la Ciudad de Buenos Aires.

Ilegalidad manifiesta. El nuevo Cuerpo de Prevención Vecinal –según el comunicado- se encargará de velar por la calidad de vida de los ciudadanos y disminuir los niveles de conflictividad. Básicamente, de ejercer el poder de policía local. Los doctrinarios del Derecho Administrativo y la jurisprudencia de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación reconocen que el poder de policía –la capacidad de limitar los derechos subjetivos en pos del bienestar general- es una facultad eminentemente local. ¿Cómo ejercen los poderes locales –como la Ciudad- dicha facultad? Con el dictado de normas básicas de convivencias –reemplazantes de los antiguos edictos policiales-. La Legislatura porteña sancionó hace años el Código de Convivencia, y es facultad de la Policía Metropolitana de velar por su cumplimiento. Entonces, la creación de un cuerpo policial para ejercer funciones que no le son propias representa una ilegalidad manifiesta.

Incoherencia de políticas. El gobierno kirchnerista fue el primer gobierno que habilitó –tras la reforma de la Ley Cafiero- a la Ciudad de Buenos Aires a tener su propia policía, como paso previo al efectivo traspaso de la Policía Federal y la consolidación de la autonomía porteña para el ejercicio de funciones de seguridad pública. Lamentablemente las acciones posteriores del gobierno nacional no estuvieron a la altura de las promesas hechas a la ciudadanía porteña. Y esta medida –así como la suma de gendarmes y prefectos al sur de Buenos Aires- demuestra una clara incoherencia entre las políticas formales llevadas en el Congreso Nacional y las políticas materiales desplegadas en el territorio capitalino.

Más garabato en el mismo plato. La creación de un nuevo cuerpo policial –más allá de las críticas mencionadas- debería representar una solución operativa. ¿Por qué ello no es así? Básicamente por que el gobierno nacional continúa sumando efectivos –actualmente son cinco las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires[3]- sin disponer métodos efectivos de capacitación y coordinación entre ellos. De esta manera, a los problemas propios de la inseguridad por la propia complejidad delictiva, debemos sumarle factores endógenos a la orgánica de seguridad que limitan su capacidad operativa.

Una chicana electoral. Tal como ocurriese días antes de la elección a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos con el lanzamiento del Plan Cinturón Sur, el oficialismo nacional –a días de la elección presidencial- anuncia el presente lanzamiento como una virtuosa (y virtual) solución a un problema que aqueja a millones de argentinos. Con sólo pagar los $169 millones de pesos que la Nación le adeuda a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de transferencias de competencias penales, se fortalecería-con capacitación e infraestructura- a la Justicia penal porteña y a la Policía Metropolitana para que continúen en la lucha contra del delito, sin tener que recurrir a soluciones creativas de dudosa efectividad.

Las consideraciones que acabo de realizar me permiten concluir que el gobierno nacional tiene una particular visión sobre la seguridad pública seguridad, como un poder funcional a los intereses políticos coyunturales, basado en la capacidad territorial de las fuerzas de seguridad.

Ahora bien, si realmente pretendemos encarar una lucha contra la inseguridad, debemos abandonar la visión electoralista y comprender a la seguridad –por el bienestar de los porteños y su verdadera autonomía- como un bien público necesario para la efectiva protección de los derechos y garantías constitucionales. Sólo así, consolidaremos el proceso de autonomía porteña, que nos permitirá reducir los niveles de conflictividad y poder velar por la efectiva mejora de calidad de vida de todos los argentinos.

[1] SAIN, Marcelo Fabián. 2008. El Leviatán Azul: Política y Policía en la Argentina. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

[3] Las fuerzas de seguridad en el territorio porteño son la Policía Federal, Policía Metropolitana, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Joaquin Pinotti es asesor de la Cámara de Diputados de la Nación y secretario de Investigación y Análisis de Jóvenes PRO Capital.