A través del decreto 1.642, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno buscará coordinar a nivel nacional las actividades, planes y programas de evaluación y monitoreo de las estrategias de prevención y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El Gobierno Nacional creó mediante el decreto 1.642 el Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, establece que el programa coordinará a nivel nacional las actividades, planes y programas de evaluación y monitoreo de las estrategias de prevención y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Asimismo, producirá estudios, investigaciones y diagnósticos respecto de cuestiones críticas en la materia.
Otro objetivo será realizar el seguimiento y programar los cursos de acción para evaluar y adecuar la implementación de las reformas legislativas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Del mismo modo, el Programa promoverá ámbitos de trabajo y participación que permitan generar consensos, fijar metas y formular políticas en la materia de su competencia.
Igualmente, convocará a los poderes del Estado, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil que actúen en la temática, y se prestará colaboración y apoyo técnico a los organismos responsables en la prevención, persecución y sanción del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El Programa será presidido y coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y contará con un consejo asesor integrado, en una primera etapa, por representantes de los organismos de inteligencia; descentralizados de regulación y supervisión financiera; ministerios y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional; y toda otra entidad u organismo que se considere necesario para el abordaje de la temática.
Los considerandos del decreto señalan que el Poder Ejecutivo “ha impulsado las reformas normativas necesarias para una intervención correcta y eficaz en la prevención y sanción del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, obrando siempre con la debida salvaguarda y respeto irrestricto de los derechos humanos”.
El texto destaca asimismo “la complejidad y dinamismo de estas nuevas manifestaciones del fenómeno criminal”, para cuyo combate se requieren esfuerzos de todas aquellas entidades públicas, privadas y de la sociedad civil involucradas.
