Después de las elecciones de este domingo se espera que los dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y apoyados por varias entidades comiencen su trámite parlamentario.
Los dos proyectos de ley para agravar las penas en caso de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo anunciados por el Poder Ejecutivo comenzarán a ser tratados en comisiones de la Cámara de Diputados después de las elecciones generales de este domingo.
Las iniciativas anunciadas por el ministro de Justicia, Julio Alak, en conferencia de prensa, ingresaron a Diputados el viernes por la tarde con las firmas del funcionario y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y en las próximas horas serán giradas a comisiones para su tratamiento técnico.
Se trata de dos proyectos con los que el Gobierno pretende profundizar las medidas existentes contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los cuales días atrás merecieron el apoyo del empresariado representado en el Grupo de los Seis y de la banca de capital extranjero.
En uno de los proyectos de ley del PEN se impulsa una modificación del Libro Primero del Código Penal para incorporar un nuevo artículo (el 41 quinquies) para establecer que “cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país, incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo”.
Se aclara, sin embargo, que la aplicación del artículo así como la facultad que se le da a la Unidad de Información Financiera (UIF) para el congelamiento administrativo de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal, “en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hecho que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales”.
Para no dejar lugar a dudas, en los fundamentos el proyecto destaca que “quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta colectivos y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal” pero constituyan el ejercicio de un derecho constitucional.
Por otra parte, para poder reprimir de una manera específica la financiación de actos terroristas se incorporan al Código Penal los llamados “Delitos contra el orden económico y financiero”, tipificados recientemente por la ley 26.683 que incorporó en la legislación argentina la figura del lavado de dinero.
El segundo proyecto que envió el PEN a la Cámara baja es para incorporar al Código Penal “las principales conductas punibles que, conjuntamente con el lavado de dinero, afectan el orden económico y financiero”.
La iniciativa apunta a incorporar otras figuras penales “que procuran -dice el texto- proteger el orden económico y financiero de nuestro país”.
Una de las nuevas figuras que el Gobierno aspira introducir en la legislación vigente es la tipificación penal del delito de abuso de información privilegiada que por sus características pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables.
Al respecto, la normativa alcanzará a los directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de la sociedad y a todo aquel que acceda a la información privilegiada por ocupar un lugar dentro de la estructura societaria en la que prestan servicios o tareas.
Las penas previstas en estos casos van de dos a cuatro años de prisión, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación especial de hasta cinco años que pueden ser agravadas por las circunstancias.
Además, entre otras, la ley propuesta introduce la figura del cohecho financiero pasivo para reprimir con penas de prisión de dos a seis años a quien recibiera un beneficio o ventaja económica a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.
La semana pasada, las propuestas del Gobierno para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de acciones terroristas fue apoyada a través de un comunicado de prensa firmado por los presidentes de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren; la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega; la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, Jorge Brito; la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; y la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati.
