A tres días de las elecciones, el candidato denunció la difusión de "información falsa" sobre una aparente funcionaria del Municipio de Morón y dirigente de Nuevo Encuentro, quien habría sido detenida por venta de drogas. Consideró que es "un plan canallesco en el marco de la campaña electoral".
Esta semana se difundió en algunos medios que la empleada municipal de Morón Claudia Peña -a la que se identificó como directora de Tránsito e integrante de Nuevo Encuentro-, fue detenida en los últimos días por efectivos policiales acusada de tráfico de estupefacientes y por estar presuntamente vinculada al manejo de 200 prostíbulos en Morón.
Por eso, el candidato a gobernador bonaerense y ex intendente Martín Sabbatella no tardó en reaccionar: “Creemos que la Policía de la provincia de Buenos Aires se puso a disposición de la campaña electoral y está detrás de una operación de prensa con información falsa para perjudicarnos”, denunció.
“Todo es falso: la persona que se señala no está detenida, no es funcionaria de Morón sino una empleada de limpieza del área de Tránsito y no tiene ningún vínculo con nuestro partido”, aclaró el diputado.
El legislador denunció que “es una canallada, una operación de prensa contra nosotros, utilizando a una persona humilde que lucha por vivir dignamente y recuperarse”.
Según informó el Municipio de Morón, Peña ingresó a trabajar en el área de limpieza de la Dirección de Tránsito en marzo de 2011, con la categoría más baja del escalafón municipal. En agosto, la Policía provincial la detuvo en su lugar de trabajo, en el marco de una investigación por tenencia de estupefacientes encontrados en su domicilio a mediados de 2010. Tras cinco días de detención fue dejada en libertad y continúa trabajando en la comuna.
“Esta falsa denuncia –opinó Sabbatella- es parte de un plan canallesco en el marco de la campaña electoral para desprestigiarnos a pocos días de las elecciones con información totalmente falsa”.
Por último, el diputado aseguró: “Nosotros solemos denunciar el autogobierno policial y Casal dice que no es así, que él conduce la Policía. Si es así, entonces el responsable de esta operación podría ser el propio ministro de Seguridad”.
“El uso de personas vulnerables para obtener beneficios políticos es una verdadera canallada, propia de personas sin ningún compromiso social y sin ningún límite ético”, concluyó.