Tras dos horas de debate, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja logró dar dictamen al proyecto que cuenta con el apoyo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y que lleva las firmas de alrededor de 50 diputados. Una jornada que contó con manifestantes a favor y en contra de la legalización de esta práctica.
Alrededor de dos horas se extendió la jornada que todos coincidieron en calificar de “histórica”. Después de los 74 años que pasaron desde que un proyecto sobre el aborto ingresó a la Cámara de Diputados, la Comisión de Legislación Penal logró poner en el tapete un tema que, como demostró el debate, traspasa las fronteras partidarias.
La reunión del Cuerpo que preside Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) contó con la presencia de numerosos diputados, -15 integrantes y también de otras comisiones-, y con representantes de las organizaciones que luchan para legalizar el aborto y quienes se oponen a la despenalización de esta práctica.
Gran parte de la reunión estuvo destinada a acordar si finalmente se emitiría un dictamen sobre el tema o si sólo se debatiría la cuestión de fondo. Si bien al principio no había acuerdo, por la intención de varios diputados de dictaminar los proyectos en un plenario de comisiones, finalmente los diputados acordaron firmar un dictamen de mayoría sobre el proyecto que cuenta con el apoyo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito “como un gesto a la sociedad de que se está avanzando el tema”.
Los diputados que pusieron la firma a este proyecto fueron Victoria Donda (Libres del Sur), Rubén Lanceta (UCR), Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica), Horacio Alcuaz (GEN), Diana Conti (Frente para la Victoria) y Jorge Rivas (Nuevo Encuentro).
El debate
Vega encabezó la jornada indicando que existen siete proyectos sobre el tema, y afirmó que durante las audiencias, que arrancaron en noviembre del año pasado, se trató de “garantizar la máxima pluralidad de voces”.
La reunión cobró un tono polémico cuando se discutió si se emitiría dictamen o si sólo se discutiría el tema, dejando el dictamen para una reunión plenaria, ya que los proyectos deben tener también la aprobación de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y de Acción Social y Salud Pública.
Si bien en un primer momento se había acordado no dictaminar en la reunión –decisión a la que se opuso Vega-, finalmente los diputados que tenían esta posición, encabezados por Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) decidieron, casi simbólicamente, firmar dictamen “como un gesto a la sociedad de que está avanzando el tema”.
La primera en exponer el proyecto que cuenta con mayor consenso fue la diputada Cecilia Merchán (ex Libres del Sur), quien explicó que se trata de “un problema de derechos humanos e inequidad social”, y sostuvo que “todas esas mujeres” que mueren a causa de no poder pagar la práctica del aborto “deben salir de la clandestinidad”.
Por su parte, Vega defendió su propio proyecto, al advertir que el mismo busca evitar la judicialización de los casos de aborto que están exceptuados en el artículo 86 del Código penal.
Acto seguido, Vilma Ibarra remarcó que no se trata de una discusión “a favor o en contra del aborto”, sino de un debate “sobre salud pública e igualdad”: “No podemos obligar a esas chicas a poner en juego su vida mientras el Estado no se hace cargo”, opinó.
Otra de las que defendieron fehacientemente el proyecto fue Diana Conti (FpV), a pesar de reconocer que el tema “no está en la agenda del Poder Ejecutivo”.
Asimismo, Fernanda Gil Lozano (CC) celebró lo que consideró un “día histórico” ya que “la discusión ya estaba instalada en la sociedad y en los medios, pero no lograba entrar al Congreso”. El socialista Miguel Ángel Barrios, por su parte, llamó a mejorar la educación sexual y el acceso gratuito a la anticoncepción para impedir los abortos.
Por parte del radicalismo, María Luisa Storani, Juan Pedro Tunessi y Ricardo Gil Lavedra también se mostraron a favor de la despenalización del aborto. Éste último aclaró que “es falso pensar que los no abortistas eligen la vida y los abortistas la muerte”, y explicó que la iniciativa busca “trasladar el tema del derecho penal a la salud pública”.
Quienes se opusieron a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo fueron Alfredo Olmedo (Salta somos todos), Juan Casañas (UCR) y Cynthia Hotton (Valores para mi país), quienes argumentaron su postura a pesar de no pertenecer a la comisión. Si bien reconocieron que murieron casi tres mil mujeres por año desde el regreso de la democracia a causa del aborto, los tres coincidieron en poner por delante “los derechos del niño por nacer” y en alejar del debate cualquier argumento religioso.
