La iniciativa, que apunta a suprimir la actividad de los denominados “caranchos”, fue votada, de manera unánime, por 42 legisladores.
Durante la sesión de este miércoles, el pleno del Senado aprobó una iniciativa de ley de “protección a la víctima” que apunta a suprimir la actividad de los denominados “caranchos”, que estafan a las víctimas de accidentes de tránsito.
El proyecto fue presentado en la Cámara alta por la senadora del Frente para la Victoria (FpV) Nanci Parrilli -aunque se le sumó una parte de una iniciativa de su compañera de bancada Marina Riofrío-, que expresa en los fundamentos del texto: “Inescrupulosos abogados captan la confianza de las víctimas de accidentes de tránsito o de sus deudos, obtienen de ellos un poder para gestionar la indemnización, y luego de realizar una transacción con la aseguradora del que provocó el accidente, la cobran y se la apropian total o parcialmente en forma ilegal.
La senadora destaca: “Estas y otras acciones similares se repiten a diario, dejando en un estado de total desamparo a muchas familias que sufren la pérdida de su sostén económico, o graves lesiones invalidantes en alguno de sus integrantes”.
Por su parte, la legisladora del Peronismo Federal y titular de la Comisión de Legislación General de la Cámara alta, Liliana Negre de Alonso, explicó que, de convertirse en ley, se “modificará el Código Civil en cuanto a la transacciones de indemnizaciones, haya o no expediente judicial iniciado”, y detalló que “un juez competente deberá homologar la transacción en cuestión y deberá llamar a las partes, aunque tengan abogados”.
Al momento de ser votado, el proyecto consiguió el aval unánime de 42 senadores.
Puntos principales de la iniciativa:
De aprobarse también en Diputados y convertirse en ley, las víctimas estarán protegidas, frente a estas maniobras, mediante tres mecanismos: todo acuerdo extrajudicial sobre una indemnización de este tipo deberá ser homologado por un juez; el pago de la indemnización deberá ser efectuado directamente a la víctima aunque hubiera dado poder para cobrar; se prohibirá ceder más del 40 por ciento de los créditos derivados de accidentes de tránsito.