El presidente de IRSA, Eduardo Elsztain, acompañado por miembros del staff de la empresa y del grupo proyectista, participó de una reunión con legisladores porteños para informar acerca del emprendimiento inmobiliario que pretende construir sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors.

El encuentro se realizó en el salón Presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvieron presentes, además, asesores de los diputados, representantes de ONGs defensoras de la Reserva Ecológica y vecinos de la Villa Rodrigo Bueno.

Durante la reunión, los representantes de la empresa señalaron que habían modificado el proyecto, evitando utilizar el canal de la Reserva Ecológica e inundar el humedal lindero para construir vías de acceso al puerto que forma parte del predio.

En este sentido, el legislador del Partido Socialista Auténtico -bloque Proyecto Sur-, Adrián Camps, señaló que el humedal es sitio RAMSAR y está protegido por tratados internacionales suscriptos por la República Argentina en 2005. En consecuencia, de acuerdo con lo informado por la empresa debe modificarse el proyecto y eliminarse la cláusula 6.2. -que cede a IRSA derechos sobre el canal de la Reserva y habilita obras de dragado y control de nivel de agua. Dicha cláusula está incluida en el despacho de mayoría firmado por los diputados del PRO la semana pasada. Asimismo, los diputados Rocío Sánchez Andía, Marcelo Parrilli y Adrián Camps presentaron otro despacho rechazando el convenio Macri – IRSA.

“Una interesante discusión se dio acerca del tema de los beneficios económicos que la empresa obtendría en caso de aprobarse el proyecto. La Ordenanza Nº 45.665, actualmente en vigencia, permite una capacidad constructiva de 482.669 metros cuadrados, mientras que con el nuevo proyecto la superficie llega a 716.180,01 metros cuadrados. Una diferencia del 48 por ciento”, informó Camps.

“También se debatió la situación de la villa Rodrigo Bueno, colindante con el predio de IRSA, donde viven aproximadamente 4000 personas, sin agua corriente, en situación de gran precariedad. La Constitución, en su artículo 18 establece que “La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio”, principios que este emprendimiento no contempla”, finalizó el legislador Adrián Camps.