El diputado nacional Jorge Mario Alvarez presentó un proyecto de ley derogando el artículo 26 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 2054/2010, el cual prorrogó “unilateralmente” hasta el 31 de diciembre de 2015 la ley del Pacto Fiscal, restándole ingresos a Santa Fe por más de 2.000 millones de pesos anuales.

Alvarez señaló lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional, que dispone que “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, agregando la prohibición del dictado de DNU regulando la materia tributaria, entre otras.

Agregó que “para el caso en que se interpretara que no se trata de tributos, igualmente no hay razones para justificar ni la necesidad ni la urgencia de la medida adoptada. La ley de pacto fiscal surge de un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y cualquier prórroga debe ser consentida mediante leyes de adhesión y no es susceptible de ser reglamentada unilateralmente por ninguna de las partes”.

Alvarez, recordó que el gobierno de la provincia de Santa Fe oportunamente solicitó el dictado de una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la aplicación del artículo 76 de la ley 26.078, que continuó con la detracción del 15% de la masa coparticipable con destino al sistema de previsión social de la Nación administrado por la ANSES, sin el acuerdo imprescindible de la provincia de Santa Fe.

Para graficar el real perjuicio a las provincias, manifestó que “el 15% detraído, representan 24.000 millones de pesos, o si queremos otro parámetro podemos decir que es dos veces el Presupuesto de la Asignación Universal por hijo o un 35% más que lo previsto transferir a las provincias por Fondo Federal Solidario, comúnmente llamado Fondo Sojero”.

“La extensión de cinco años por un Decreto de Necesidad y Urgencia, supera la situación que motivó el reclamo del gobierno de Santa Fe por el mismo tema, ya que esta vez, no sólo pretende extender un pacto, que de por sí requiere el acuerdo de todas las partes, sin el consentimiento de las provincias, sino que lo hace a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y por la friolera de cinco años”, explicó.

De esta manera se pasa así por encima del Congreso, en lo que constituye un nuevo atropello a la división de poderes y al federalismo. El abuso de las disposiciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo ha sido una constante en los últimos años.

En la reforma constitucional de 1994 se admitió el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia, pero con carácter verdaderamente excepcional y sujetas a resguardos y límites destinados a que ese mecanismo para enfrentar una emergencia no se convirtiera en la transferencia lisa y llana de atribuciones al Poder Ejecutivo, en desmedro de las que la Constitución asigna al Congreso Nacional.

“En este caso, se agrega otra de las graves patologías de nuestra anémica realidad institucional, como lo es el permanente avasallamiento del federalismo, pretendiendo consolidar la concentración de todas las atribuciones en cabeza del Poder Ejecutivo y tendiendo a ahogar todos los controles republicanos”, concluyó Álvarez.