El director de la Agencia Gubernamental de Control porteño, Javier Ibañez, informó que el Gobierno de la Ciudad accionará judicialmente contra la empresa a cargo de la obra lindera al edificio que se derrumbó en Bartolomé Mitre al 1200, y afirmó que se hicieron siete inspecciones en la construcción.

“El Gobierno de la Ciudad le va a pagar al vecino todo lo que generó este hecho y asumirá el rol de litigante”, sostuvo Ibáñez en un informe que ofreció ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura porteña, presidida por la representante de Solidaridad e Igualdad Delia Bisutti.

El funcionario explicó que accionará “contra la empresa, porque tenemos una relación de fuerza diferente que los vecinos perjudicados, a los que no le podemos trasladar un juicio de ocho años contra la empresa”.

Ibáñez dijo que “entre agosto y octubre” la obra lindera al edificio que se derrumbó fue inspeccionada “en siete oportunidades” por la Agencia Gubernamental de Control y la Dirección y Protección del Trabajo.

“La Dirección de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO) realizó una inspección el 2 de septiembre entre las 11.40 y 12.30 constatando que la obra en ejecución presentaba planos registrados y que se utilizarán martillos eléctricos”, expresó.

El mismo día, el organismo programó una nueva inspección para el 26 de septiembre, aseguró el funcionario, y manifestó que en esa oportunidad se informó que “no comenzó la excavación y que la obra presenta plano de estructura, submuración y excavación todo registrado. Con cartel de obra”.

Las otras inspecciones, precisó en un comunicado, fueron realizadas por la Dirección de Protección del Trabajo “el 13, 14, 19, 21 y 31 de octubre”.

Respecto de las inspecciones realizadas por la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Ibáñez afirmó que “no van a ver las obras sino que hacen denuncias genéricas y a ciegas” y sostuvo que “en denuncia del 11/8 plantean que la obra está en estado de hormigón y con gente trabajando, y cuando se realizó la primera inspección resultó que la denuncia era falsa, ya que había un terreno baldío y no había trabajadores”.

Ibáñez expresó que “entre enero y octubre de 2011 la Dirección de Fiscalización y control de obras realizó 18.191 inspecciones y se clausuraron 646 obras” en la Ciudad y manifestó que “la proyección final de inspecciones para este año es de 26.600”.

Respecto de la ley sancionada en 2010 por la Legislatura sobre controles en obras en construcción, aseguró que “se va reglamentar en lo que es posible y lo que genera mayor inseguridad se enviará un proyecto de ley complementario consensuado”.

El diputado del Frente Progresista y Popular y ex jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, advirtió que “un inspector del Gobierno de la Ciudad, el arquitecto Ricardo Waishlat, había pedido un mes antes del derrumbe que se controlara la excavación porque en la obra se iban a construir tres subsuelos y había dos edificios linderos altos y de antigua data”.

“Textualmente dijo en un acta del 26 de setiembre del 2011 que dos edificios linderos de importante altura y de antigua data, se realizarán tres subsuelos. Importante verificar submuración”, manifestó Ibarra en un comunicado, y expresó que “a pesar de esa seria advertencia, el gobierno de la Ciudad no mandó a nadie a verificar la excavación ni la submuración”.

El presidente del bloque Frente Progresista y Popular (FPP), Eduardo Epszteyn, manifestó que el gobierno de la Ciudad “hizo oídos sordos” a una inspección que alertaba sobre la posibilidad del derrumbe y afirmó que “así lo confirma el expediente presentado por la Agencia Gubernamental de Control”.

El legislador por Buenos Aires para Todos, Fabio Basteiro, consideró que “Ibáñez ha manifestado un nivel de irresponsabilidad y soberbia que realmente nos preocupa, porque con una muerte y la situación que se ha vivido en estos días, lo primero que tendría que haber hecho es reconocer los errores”.