El titular de la Agencia de Control Gubernamental de la ciudad, Javier Ibáñez concurrió este jueves a una reunión de la Comisión de Desarrollo Económico en la que se debate las medidas adoptadas por el Gobierno respecto al derrumbe del inmueble ubicado en Mitre 1232.
La concurrencia del funcionario obedeció a la postura adoptada por diversos sectores de la oposición que reclamaban la presencia en el recinto de la Legislatura del ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro y de todo su gabinete; pero finalmente el PRO logró acordar la presencia del director de la ACG, Javier Ibáñez para que evacue los interrogantes del arco opositor en cuanto a las acciones desplegadas por el organismo contralor en el derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre 1232 y que se cobrara una víctima según se confirmó este jueves.
En su alocución Ibáñez sostuvo que la Agencia gubernamental se encontraba ante "un hecho lamentable" y que el haber observado las consecuencias no podía ser descrito "ni con mil palabras".
En cuanto al organismo que conduce afirmó que "el accionar de la agencia no es el de provocar de derrumbes, sino nuestra misión es de ser cada día mejores" afirmó.
En esa línea manifestó que se encuentra "al frente de una agencia que cuenta con 3 mil personas cuyo objeto es que la sociedad se desenvuelva bajo las normas en vigencia".
Respecto a las tareas desarrolladas en el edificio de Mitre 1332 sostuvo que: "Se ha trabajado en conjunto con fuerzas nacionales y con los organismo que integran el gobierno de la ciudad", para agregar que "hay responsabilidades de los arquitectos, de los ingenieros y también yo tengo responsabilidades", declaró.
En cuanto a la actuación del ente de control expresó: "Podemos discutir que si la agencia puede mejorar su funcionamiento o no", pero en el aspecto jurídico será "la justicia la que indagará cuales son las responsabilidades y quiénes los responsables. Por ello digo que no se confunda el trabajo que desarrolla la agencia con algunos vacíos jurídicos que existan", respondió cuando el legislador Cabandié endilgó responsabilidad jurídicas a la Agencia de Control Gubernamental en el hecho.