Legisladores porteños de diversos partidos repudiaron la medida dispuesta por la directora General de Salud Mental, María Concepción Grosso, que ordena sumariar administrativamente a los empleados que respondan requerimientos de funcionarios y representantes de la Asesoría General Tutelar.

La medida fue plasmada por la funcionaria en el memorándum Nº ME-2011-01927071 del 28 de octubre de este año, dirigido a los establecimientos de salud pública del área a su cargo.

“Es menester advertir que este tipo de medidas, dispuestas por la directora General de Salud Mental, claramente exceden las facultades propias del ejercicio de la función pública, interfiriendo incluso, en el quehacer de otros Poderes del Estado. Precisamente, entre las competencias específicas de la Asesoría General Tutelar, se encuentra la protección de derechos de las personas con padecimientos mentales, con la cual este memorándum, obstaculiza el ejercicio del campo de acción del Ministerio Público de la Ciudad, integrante del Poder Judicial”, dijo María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Salud Mental.

El proyecto fue presentado por Naddeo, diputada porteña del Frente Progresista y Popular, y acompañado por las diputadas Gabriela Alegre, María José Lubertino (Frente para la Victoria) y Laura García Tuñón (Proyecto Sur), y los diputados Aníbal Ibarra (del Frente Progresista y Popular), Mateo Romeo (Bloque peronista), Jorge Selser (Proyecto Sur), y Fernando Sanchez (Coalición Cívica). Allí se solicita “que las autoridades competentes del Poder Ejecutivo dejen sin efecto la medida, atento a los términos y alcances de la Ley de Salud Mental de la Ciudad y del ordenamiento jurídico vigente”.