El proyecto de ley presentado en julio por la diputada Nancy González (FpV) obtuvo dictamen favorable por unanimidad en la Comisión de Economía y Desarrollo Regional de la Cámara baja.

La iniciativa busca la modificación de diversos artículos de la ley de Seguros, con el objeto de “eliminar normas injustas y autoritarias creadas en la época de la dictadura de Juan Carlos Onganía”.

En concreto, y entre varios cambios, se propone modificar el artículo 1ro de la ley, agregando la pauta general de interpretación a favor del consumidor en caso de duda aplicable a todo el contrato de seguro.

La modificación del art. 5to, por su parte, incorpora el deber de información que el asegurador tiene frente al asegurado, toda vez que con la redacción vigente el asegurado debe adivinar o suponer qué datos necesita el primero para valorar el riesgo, y en caso de omitir algún dato sufre nada menos que la sanción de la nulidad del contrato.

Por otra parte, el art. 11 propuesto agrega el plazo de cinco días para que el asegurador entregue el texto firmado de la póliza al tomador. La redacción actual no prevé un plazo y en la práctica las aseguradoras se toman entre 30 y 60 días para concretar esta entrega, quedando el asegurado, durante ese período, ignorante del detalle de las cláusulas del contrato.

“Actualmente -señala la diputada- el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado cuando el asegurado incumple el plazo de aviso de siniestro a la aseguradora. La inconstitucionalidad es alarmante. La sanción al no-aviso por parte del asegurado no puede ser de ninguna manera la pérdida del derecho a ser indemnizado”.

González agrega que “además se propone que la tardanza en la denuncia nunca será oponible a terceros damnificados, quienes serán indemnizados si correspondiere”.

Se propone también reducir a 10 días, el plazo que el artículo 49 contempla para el pago de la indemnización al asegurado. El mencionado plazo es hoy de 15 días, lo que atenta contra el equilibrio contractual ya que el consumidor tiene el deber de pagar la prima exactamente el día de su vencimiento para no quedar sin cobertura.

Por último, el art. 58 se refiere a la prescripción de las acciones fundadas en el contrato de seguro. Actualmente se establece el plazo de un año, pero teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley de defensa del consumidor. “Esto debe ser modificado, estableciéndose el plazo de tres años para el inicio de acciones por parte del asegurado y sí mantener el de un año para la compañía aseguradora”, establece.

Se espera que el proyecto sea tratado por la Comisión de Legislación General a principios del próximo año, con lo que estaría en condiciones de llegar al recinto.