Desde el radicalismo quieren citar al abogado Alejandro Fargossi, con relación al supuesto acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo para la designación de jueces.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Juan Pedro Tunessi, invitó al abogado Alejandro Fargossi, consejero titular del Consejo de la Magistratura, a concurrir al seno de la comisión a fin de que explique su posición respecto de lo actuado en relación al concurso 140, realizado en ese organismo, destinado a cubrir cuatro vacantes correspondientes a los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nros. 2, 7, 8 y 9 de la Capital Federal.
Tunessi afirmó que “en ese concurso quedó plasmado un acuerdo entre el kirchnerismo y el Pro, destinado a Promover la designación del doctor Luis Rodríguez, para lo cual se “convenció” al doctor Carlos Ferrari de la necesidad de renunciar para permitir que quedara un sólo postulante. Cabe recordar que ambos postulantes fueron denunciados por conocer con anticipación el tenor de los exámenes y haberse copiado los mismos, situación que quedó Probada en instancia judicial”.
“Fargossi reconoció haberse reunido con Mauricio Macri y actuar en concordancia con el Pro, para otorgar los dos tercios necesarios que permitieron al oficialismo cubrir cuatro vacantes estratégicas en los juzgados federales de la Capital Federal. Ferrari debió renunciar para no quedar al frente de la causa que investiga por espionaje al Propio Macri”, agregó el legislador radical.
Por ello, Tunessi promovió un proyecto de declaración solicitando al Poder Ejecutivo que se abstenga de designar como juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de la Capital a Luis Rodríguez, integrante de la terna a partir del concurso 140, seriamente cuestionado por irregularidades y en franca contradicción con los principios rectores de los Procesos de selección de los magistrados.
Tunessi recordó que la cúpula de la UCR repudió el acuerdo del Pro con el Gobierno para designar jueces, “el que pone en peligro la credibilidad de las decisiones judiciales, en especial por tratarse de vacantes en juzgados estratégicos en materia de lucha contra la corrupción y de control de los funcionarios federales”.
