Por Pablo Riveros

Según el movimiento 15-M más de nueve ciudades españolas confirmaron que se han producido cargas policiales contra los manifestantes. Desde el seis de agosto pasado fueron detenidas en Londres más de 1700 personas, cuando una protesta por caso de “gatillo fácil” derivó en graves incidentes. Los hechos parecen romper con la imagen de la ciudad de Londres.

Santiago de Chile vive continuamente con sus calles agitadas. Las cámaras televisivas han registrado los chorros de agua, los gases lacrimógenos y los policías militarizados a caballo que reprimen a cientos de estudiantes. Los procesados aumentan día a día. Más arriba, el mundo entero se sorprendió con los manifestantes neoyorquinos que impedían el paso de los automóviles en el puente de Brooklyn, a comienzo de octubre. El resultado: más de 700 detenidos. Posteriormente, la policía desalojó a los indignados del parque Brookfield Office Properties.

Hasta aquí los porteños podrían entender que no son los únicos que viven día a día las protestas en la Ciudad de Buenos Aires: según relevamientos realizados por el Gobierno porteño, hay en la Capital cuatro piquetes por jornada. Y no casualmente la mayoría son realizados en las cercanías del Congreso de la Nación.

Justamente en tiempos de crisis socioeconómica internacional, y tras los procesamientos a dirigentes políticos opositores, un grupo de legisladores exigieron avanzar con el tratamiento de un proyecto para garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública a fin de evitar su criminalización y todo tipo de causas judiciales. De todo eso habló Semanario Parlamentario con el diputado Horacio Alcuaz (Gen), quien encabeza la iniciativa.

– ¿Por qué cree que el Frente para la Victoria no asistía a las reuniones de Legislación Penal para tratar este proyecto?

– Porque quiere seguir teniendo gente procesada. Los más de seis mil procesados que hoy existen en Argentina son todos durante la etapa de Gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Evidentemente hay una decisión del Poder Ejecutivo de seguir controlando la protesta social a través de la criminalización de cualquier reclamo, ya sea de orden laboral, estudiantil, de desocupados, de lo que fuera. Cualquiera que reclama en Argentina termina procesado y esto está a la vista. Después los procesos no avanzan, no hay sentencia, pero se los mantiene permanentemente sujetos a esta situación.

– ¿Quiere decir qué hay un claro vínculo entre las decisiones de los jueces y la voluntad del Poder Ejecutivo?

– Sí. A mi no me cabe ninguna duda. En algunos casos, como el de los asambleístas de Gualeguaychú el que apeló fue el poder político; en el caso del procesamiento de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura fue el procurador general de la Nación, Esteban Righi quien avanzó con el proceso cuando estaba prácticamente terminado. Ahora, no vincular a Righi con el Gobierno nacional sería casi un absurdo. Hay una decisión política de mantener la espada de Damocles sobre la cabeza de los luchadores sociales.

– Ante al procesamiento del líder del Partido Obrero Néstor Pitrola, el diputado Héctor Recalde fue claro y dijo: “estamos en contra de la criminalización de la protesta social”. ¿Es una contradicción dentro del oficialismo?

– Es una contradicción. Recalde también dice que está de acuerdo con que se repartan las ganancias de las empresas entre los trabajadores y tiene un proyecto en ese sentido y cada vez que nos encontramos decimos y pensamos lo mismo. Pero la diferencia es que yo puedo decirlo y el más o menos. Yo puedo decir que el Gobierno no va a favor de eso y el tiene que encontrar la manera de justificarlo. Pobre Recalde en esto porque tiene la mejor buena intención. Ahora, con respecto a la criminalización de la protesta social, Recalde es miembro de Legislación Penal pero hay una decisión del partido gobernante de no hacer algunas cosas y entonces los diputados tienen que aguantarse la decisión del Ejecutivo.

– Los tiempos en que se trata este proyecto en Legislación Penal coinciden con los procesamientos a Néstor Pitrola y Vilma Ripoll.

– Lo que desenmascara este proyecto es que hay un Gobierno que se dice progresista y defensor de los derechos de las mayorías, y en realidad es toda una puesta en escena que después necesita algunos mecanismos de control para que algunas cosas no sucedan. Es un Gobierno que se dice progresista pero que tiene una policía que hace zona liberada para que los asesinos de Pedraza vayan a matar a Mariano Ferreyra. Banca que a Sobrero lo metan preso de un viernes al lunes para luego decir que en verdad no había motivo para decir que estuviera preso. Me parece que se le está cayendo la careta al Gobierno con respecto a estos temas y uno lo ve por ejemplo con los luchadores de Kraft. Pitrola y Ripoll terminan siendo los políticos que adhirieron a los reclamos de los obreros y lo cierto es que ya había empezado el procesamiento de los trabajadores dentro de la fábrica. Ahora, la empresa incumplió permanente con todas las leyes laborales argentinas, pero nadie vio que hubiera una denuncia judicial de parte del Ministerio de Trabajo en contra de una patronal que no cumplía y que no era cualquiera, sino una multinacional de la alimentación. Terminaron procesados los trabajadores y los dirigentes políticos que acompañaron su lucha y la empresa sigue haciendo y diciendo lo que se le ocurre. ¿Dónde está la ecuanimidad del Estado nacional para garantizarle a los trabajadores el derecho a reclamo y que se cumplan sus derechos? Esto se ha ido multiplicando, por ejemplo con estudiantes, docentes y concejales del justicialismo procesados cuando protestaban por una arbitrariedad que cometía el intendente Raúl Othacehé al romper un convenio con la UBA. Nunca el Gobierno nacional estableció la verdadera responsabilidad contra quien estaba incumpliendo, que era Othacehe, y aún así la presidenta va y se saca fotos a los abrazos con el intendente.

– Por otro lado, muchas veces hay ciudadanos que se expresan en contra de las manifestaciones ¿Cómo conciliar el derecho a la libre circulación con el derecho a reclamar y a expresarse?

– Muchas veces nos molestamos cuando encontramos una vía de circulación cortada y nos sentimos víctimas de ese corte cuando decimos “yo que tengo que ver”. Pero la verdad, es que la mayoría de las veces hay un derecho violado y que está siendo reclamado. El incumplimiento de estos derechos se resuelve muy fácil: cumpliéndolos. Terminamos victimizando al pobre ciudadano que camina por la calle y no tiene nada que ver, y es cierto. Pero también terminamos cuestionando a quien está reclamando por sus propios derechos. Si no hubiera injusticia no habría manifestaciones como las que hay. Pero la verdad es que se obligan a muchos sectores populares a apelar a esa medida para ser tenidos en cuenta. Sino lo otro es decir: aislemos a los que reclaman, démosles un lugar donde reclamen. La presidenta dijo el otro día que vayan a reclamar a la Plaza de Mayo y no a la autopista Richieri. En realidad tendría que preguntarse justamente porqué reclaman y resolver el problema. Ella propone hacer una especie de corsódromo dando la vuelta a la pirámide sin que molesten a nadie. Bueno sería que se le diera lugar al debate y a los pedidos hechos de buena manera.

– Justamente muchas veces se trata de reglamentar las protestas, por ejemplo, haciéndolas válidas a partir de una cantidad mínima de personas.

– Me parece una actitud hipócrita. La justicia del reclamo no pasa por el número de personas sino por la justicia misma del reclamo.

– Pero en verdad hay una decisión de cuándo un reclamo es o no legítimo.

– En general los reclamos no son absurdos sino por causas justas. Los reclamos por los que hoy hay más de seis mil procesados tiene que ver por la cuestión ambiental, contra la minería, con incumplimientos de derechos laborales, de vivienda, jubilatorios, o reclamos como lo que fue lo del campo con las retenciones. Siempre habían causas que unos podían considerar más o menos justas, pero siempre habían razones justas, reales y racionales.