Durante una audiencia encabezada por la legisladora Victoria Donda, diputados de distintos bloques escucharon el testimonio de abogados y gremialistas procesados por participar de manifestaciones, y se comprometieron a trabajar con ellos para evitar judicializar los casos, que según precisaron, ya son alrededor de cinco mil en todo el país.
La criminalización de la protesta social fue el eje de una reunión organizada por la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Victoria Donda (FAP), a la que asistieron diputados de distintos bloques y procesados por esta causa que brindaron su testimonio.
Estuvieron presentes, por el interbloque del FAP, Margarita Stolbizer, Gerardo Milman, Eduardo Macaluse, Horacio Alcuaz, Víctor de Gennaro, Claudio Lozano; Jorge Cardelli por Proyecto Sur y María Luisa Storani por la UCR.
También participaron la ex diputada Vilma Ripoll y el titular del Partido Obrero Néstor Pitrola –procesados por acompañar el conflicto de Kraft-, el delegado ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero –acusado de impulsar la quema de vagones del ferrocarril Sarmiento-, y el concejal del partido de Merlo detenido Horacio Cepeda, entre otros.
Además de los casos de TBA y de Kraft, los presentes recordaron episodios como la represión a la comunidad Quom en Formosa, en el Parque Indoamericano, y los asesinatos a Mariano y Cristian Ferreyra.
La palabra de los diputados
Al encabezar el encuentro, Donda planteó que “en los últimos años venimos viendo un recrudecimiento de la criminalización y judicialización de la protesta social, estos hechos no son aislados, es una práctica habitual del poder judicial, ya sea por su permeabilidad al poder político o por su propia concepción de la protesta social”.
Por su parte, Lozano precisó que “el 63% de las violaciones a la libertad sindical se da dentro de los lugares de trabajo y eso es un resabio de la dictadura militar para impedir la agrupación y organización de los trabajadores”.
A su turno, Alcuaz, al explicar su proyecto de amnistía de los procesados en protestas sociales, aclaró que “el oficialismo no se animó a aplicar su mayoría en la comisión y no lo trató, porque hubiera significado sacarse del todo la careta”. Es por eso que, explicó, su iniciativa deberá ser presentada nuevamente el año próximo.
Asimismo, Macaluse también se comprometió a acompañar los reclamos de los trabajadores y opinó que a partir de las últimas medidas económicas tomadas por el Gobierno “se prevé que la conflictividad aumente”.
Cardelli se sumó al reclamo por la descriminalización de la protesta social y pidió “tener presente la situación de las provincias”. La radical Storani también abogó por un trabajo en conjunto con los legisladores de las provincias en cuestión, como Formosa -por el caso de los Quom- y Santa Cruz, por el episodio de la represión a docentes.
El testimonio de expertos y gremialistas
Roberto Gargarella -abogado y sociólogo de la UBA, Doctor en Leyes por Chicago University y la UBA-, explicó que “la discusión trasciende el derecho penal y uno tiene todas las de ganar si reconoce eso. El juez penal debe mirar más allá de este derecho y pensar cuales son los puntos que están en juego”.
El abogado Leonardo Filipini adhirió a los lineamientos que plantearon los diputados y planteó que los procesos judiciales suelen quedar en una especie de “nebulosa” en la que nunca se resuelven y los procesamientos se mantienen.
Dentro del grupo de los gremialistas, dio su testimonio Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA, quien aseguró que “la criminalización de la protestas es consecuencia de la falta de representación sindical. La represión y la criminalización no siempre se dan desde las fueras de seguridad, sino que juegan los mercerizados y el modelo sindical empresario”.
Además, el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero opinó que “es muy preocupante que no solo se criminaliza a los que defendemos derechos fundamentales sino también van por los que se solidarizan con nosotros, como pasó con Vilma Ripoll y con Néstor Pitrola”.
Por su lado, Francisco “Pancho” Montiel, militante del Movimiento de Estibadores Portuarios de Pie, sentenció: “Por más cárceles que haya siempre va a haber lucha. Los trabajadores nunca se vana a entregar a la explotación”.
A continuación, el concejal merlense Horacio Cepeda denunció hechos de persecución política en su partido, presidido por Raúl Othacehé: “Actúa sobre los que pueden llegar a organizarse en contra de él”, apuntó.
Por último, la ex diputada del MST Vilma Ripoll pidió avanzar con el tema “en la calle, en el Congreso y en la Justicia”. “Este gobierno no tiene nada de derecho ni de humano. El negocio es mantenernos procesados a todos”, sostuvo.
