La diputada nacional Cecilia Merchán se refirió a dos casos de aborto que tuvieron repercusión esta semana. El primero es el de la niña salteña de 13 años que murió por aborto clandestino y cuya madre se encuentra detenida. El otro es un pedido de interrupción voluntaria del embarazo (producto de una violación) para una niña de 12 años con discapacidad mental.

Al referirse al primer caso, la diputada expresó que “deberían soltar inmediatamente a la madre y dejarle ver el cuerpo de su hija. La Policía y la Justicia salteñas manifiestan su absoluta ignorancia y oscurantismo al pretender indagar a la madre de esta niña y acusarla de ‘sospechosa’: con ese criterio, entonces encerremos a las 500.000 mujeres que se practican cada año un aborto. Y, por qué no, a todas y todos los de su entorno. Tendríamos millones de personas detenidas, demoradas o encarceladas por interrupción voluntaria del embarazo”.

En cuanto a la niña misionera, la diputada fue tajante: “Se trata de un caso no punible ya contemplado en el Código Penal. El médico no tiene que esperar ninguna resolución de la justicia. Puede negarse por objeción de conciencia. De ser así, que lo haga rápido así se busca a un médico o médica que quiera intervenir. La táctica de estos ‘objetores de conciencia’ es dilatar los tiempos y esperar a que el embarazo esté tan avanzado que, de intervenir, se pondría en juego la vida de la madre”.

En ambos casos, la diputada concluyó: “Una y otra vez nos encontramos con la realidad que nos cachetea con la evidencia. Las mujeres mueren, son encerradas, se les niegan sus derechos y se las sigue sometiendo a la humillación y el riesgo de la clandestinidad. ¿Cuándo afrontarán las fuerzas políticas la necesidad de legislar sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo?”.