En el marco de la sesión especial, el pleno de la Cámara de Diputados dio la sanción al dictamen sobre el régimen de muerte digna para enfermos terminales, con 142 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, tras un detallado debate en particular.
Luego de aprobar el proyecto sobre Identidad de género, el pleno de la Cámara baja aprobó el dictamen sobre modificación de la ley 26.529 de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud e incorporación de la denominada muerte digna.
La votación en general contó con 142 adhesiones, 6 desaprobaciones y 4 abstenciones. De esta manera, el proyecto ya está listo para ser tratado por el Senado.
El dictamen fue elaborado en base a los proyectos presentados por Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), Juan Carlos Vega (CC), Gerardo Milman (Gen) y Jorge Rivas (Nuevo Encuentro).
Los puntos centrales de la iniciativa
Se trata de una modificación al artículo 2 de la ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, que establece que “el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”.
Los niños, niñas y adolescentes, en tanto, tendrán derecho a intervenir a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud.
Por su parte, en el marco de esta potestad, “el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital; cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado”.
Además, se establece la cuestión del consentimiento informado del paciente, es decir, la declaración de su voluntad -o, en todo caso, por medio de sus representantes legales-, emitida luego de recibir toda la información necesaria sobre su situación por parte del médico.
Por último, hay que destacar que esta iniciativa establece que el médico interviniente no estará sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa, para evitar que estos casos vayan a la Justicia.
La palabra de los diputados
Al abrir el debate, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) aclaró que el proyecto, “más que muerte digna, debería llamarse vida digna”. Además, indicó que con este régimen “no hay colisión con derechos de terceros, se trata de derechos personalísimos. Cada persona tiene derecho a elegir su biografía”.
Por último, la diputada consideró que “el Estado no puede suministrar a una persona tratamientos que rechaza, en virtud de una creencia que esa persona no comparte”.
Seguidamente, el titular de la Comisión de Salud, Antonio Morante (FpV) indicó que “los progresos de la medicina y la ciencia hoy se están desarrollando y permiten acciones terapéuticas que permiten extender la vida hasta límites impensados”.
Sin embargo, recordó que “el respeto por la dignidad humana esta consagrado en el preámbulo de la Constitución Nacional” y sentenció que “el objeto de la medicina no es sólo combatir la muerte, sino luchar contra la muerte, y cuando eso no es posible, evitar el dolor y el sufrimiento”.
A su turno, el autor de uno de los proyectos, Juan Carlos Vega (CC) pidió “no judicializar la situación del paciente”, y “evitar el encarnizamiento terapéutico”.
Por su parte, Gerardo Milmnan (Gen), autor de otro de los proyectos a consideración en el dictamen, explicó cuestiones médicas de los enfermos en estado terminal. En este sentido, consideró que “lo que no puede hacer el médico es administrar farmacologías que no tienen nada que ver con la mejoría del paciente”.
