La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense decidió asumir el rol de acusador e impulsar el pedido de juicio político contra Federico Guillermo Nieva Woodgate, actual fiscal general del Departamento Judicial de Morón, por hechos que lo vincularían a delitos de lesa humanidad.
La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires decidió asumir el rol de acusador e impulsar el pedido de juicio político contra Federico Guillermo Nieva Woodgate, actual fiscal general del Departamento Judicial de Morón, por hechos que lo vincularían a delitos de lesa humanidad cuando se desempeñaba como Titular del Juzgado Penal Nro. 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
El expediente 052/10 caratulado como “Puesta en conocimiento, solicitud de investigación por delitos de lesa humanidad s/Guillermo Nieva Woodgate y otros Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires”, se inicia el 22 de octubre de 2010 a partir de la presentación efectuada por Adolfo Pérez Esquivel en su carácter de Presidente de la Fundación Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), quien solicita a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento que “se lleven a cabo las medidas de investigación correspondientes a fin de establecer la verosimilitud de los hechos presentados, se individualice los participes necesarios para garantizar la impunidad judicial de los delitos de lesa humanidad perpetrados y consecuentemente, asuma el rol de denunciante y acusador de conformidad con lo establecido por la ley 13.661 y cctes”, solicitando se contemple la posibilidad de realizar el Jury de enjuiciamiento al fiscal general de Morón, Federico G. Nieva Woodgate y a todo funcionario judicial que por acción y/o omisión hubiese garantizado la impunidad de los genocidas.
Nieva Woodgate fue juez penal de Lomas de Zamora durante los años de dictadura militar, y según una resolución de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, existe certeza de que todos los Jueces de la Provincia de Buenos Aires sabían de la existencia de ciudadanos desaparecidos y en casos particulares se tramitaba la desaparición forzada de personas como privaciones ilegales de la libertad para evitar así librar los oficios correspondientes y en consecuencia, evitar que la naturaleza de los hechos imputados constituyeran delitos de lesa humanidad.
En base a esas denuncias, que se desprenden además de los juicios llevados a cabo por las desapariciones relacionadas con la Unidad Penal 9 de La Plata, la Comisión inicia las medidas investigativas en noviembre de 2010 a fin de recabar informes para comprobar la verosimilitud de los hechos contenidos en la denuncia.
El diputado bonaerense del FpV/PJ Gabriel Villegas, Presidente de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento señaló que “a partir de la investigación, la Comisión ha tenido por verosímiles los hechos en materia de imputación, y la votación para constituirnos en denunciantes fue unánime”.
“La Comisión representa a la gente, y asumió la responsabilidad haciéndose cargo de la función que debían cumplir cada uno de los integrantes, por eso podemos decir que sin miedo, y buscando la verdad objetiva hemos arribado a esta denuncia que es la primera de este tipo en la provincia de Buenos Aires”, remarcó Villegas.
