En una maratónica sesión que se extendió hasta las 6.45 de la mañana de este jueves, la Legislatura porteña desarrolló su última sesión con la actual composición. Y entre los tantos temas que debatió, uno de los que sin dudas atraía la mayor atención era el del proyecto que limita la actividad de la venta en la vía pública.

Al punto tal que generó la presencia de vendedores en las puertas de la Legislatura, protestando durante todo el día, aunque sin los disturbios que por ejemplo se vivieron la semana anterior en oportunidad del debate del proyecto sobre la designación de maestros.

Era un debate con final anunciado, pues al promediar la tarde ya se sabía que existía el número suficiente para aprobar la norma, que finalmente tuvo estos números: 41 votos a favor, 19 en contra.

Se sabía entonces que los manteros que se encontraban desde la mañana manifestando ante el Parlamento de la ciudad deberán desalojar las peatonales Florida y Perú, dado que los legisladores porteños habían consensuado un proyecto de ley que regulará la actividad de los mismos aunque se establecerán numerosos predios de la ciudad para que los mismos desarrollen sus actividades, según informó el actual vicepresidente 1º de la Legislatura Cristian Ritondo.

El debate insumió cuatro horas y finalmente el proyecto se aprobó en general y particular, introduciendo modificaciones al Código Contravencional de la Ciudad para ordenar el espacio público y regular la actividad de los vendedores ambulantes.

Al cabo del debate, se derogó el el tercer párrafo del artículo 83 del actual Código de Contravenciones, impidiéndose a través del mismo la actividad de los manteros en lugares fijos como la calle Florida. Ese artículo contempla multas a quien “realice actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público”.

Excluye eso sí a “la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes de pasajeros de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no impliquen una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido”.

Los trabajadores afectados podrán desarrollar su labor en determinadas ferias, las cuales fueron establecidas en el texto aprobado.

Respecto de las multas, el proyecto impulsado por el Pro prevé sancionar con entre 200 y 600 pesos a la persona que utilice en forma indebida el espacio público con “actividades lucrativas no autorizadas”, como así también sanciones de entre 5 mil y 60 mil pesos para quien organiza esa actividad “en volúmenes y modalidades similares a las de un comercio”.

La iniciativa original fue elaborada por los diputados del Pro Patricio Di Stefano y Bruno Screnci Silva.