El Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga fue una de las leyes más importantes sancionadas este año. Sin embargo, la norma fue aprobada el 4 de mayo y reglamentada en la última semana. La diputada misionera Stella Maris Leverberg había advertido sobre las demoras. No ahorran críticas al decreto, que modificó algunos puntos.
Por Carolina Ramos
Dentro de las pocas veces que el pleno de la Cámara baja logró reunirse este año, una de las sesiones más recordadas bien podría ser aquella convocada por el oficialismo el 4 de mayo, cuando se convirtió en ley, con 190 votos afirmativos y 29 abstenciones, el Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga.
Para ese entonces, la iniciativa había recorrido un largo camino. En realidad, había sido aprobada en agosto de 2008 en Diputados, y en noviembre de 2010 en el Senado, que introdujo cambios. El proyecto retornó a la Cámara baja, donde las comisiones de Salud y Legislación General aceptaron las modificaciones.
Pasaron nada menos que siete meses hasta que la Ley 26.682 fue puesta efectivamente en marcha. El decreto 1993 fue publicado en el Boletín Oficial el jueves pasado. Si bien se sabe el tiempo que lleva la reglamentación de este tipo de leyes –y más teniendo en cuenta la resistencia que demuestran las empresas privadas de salud en este tema-, las exigencias de los pacientes que no estaban bajo ningún marco regulatorio llevaron a la diputada del FpV por Misiones Stella Maris Leverberg a presentar un proyecto de declaración solicitando al Ejecutivo que reglamentara la ley en cuestión.
“Por el absoluto posicionamiento en mayoría de la necesidad de su implementación sorprendía este retraso, en una cuestión que es de carácter administrativo, legal, técnico, porque la ley ya había sido votada –explicó Leverberg ante Parlamentario-, para nosotros significaba una sensación de falta de compromiso con lo que significa esta ley, que es un compromiso genuino, y que tiene un gran sentido de derecho social”.
Para la misionera, “como significa inversión también desde la parte privada, obviamente hasta que no estaba el último renglón de la letra de la ley resuelta no había reglamentación”.
Las críticas al decreto
Dos días antes de la reglamentación efectiva de esta norma, el Poder Ejecutivo modificó el artículo 1 de la ley mediante otro decreto: el 1991. De esta manera, quedaron incluidas en este régimen, además de las empresas de medicina prepaga, las cooperativas, mutuales, organizaciones civiles, fundaciones y hasta obras sociales sindicales, que habían sido excluidas en la ley.
Esta y otras más fueron las modificaciones que generaron polémica. El líder radical Ricardo Alfonsín salió al cruce del decreto por considerarlo “inconstitucional”: “Muchos de los cambios introducidos en la ley de prepagas mediante la reglamentación del Ejecutivo parecen, en principio, claramente perjudiciales para los usuarios”, advirtió.
Mediante un comunicado, el diputado consideró que “más allá de los cambios de fondo, todos discutibles, lo cierto es que la presidenta hace algo que la ley le impide hacer: modifica por DNU una ley aprobada por el Parlamento”.
Por eso, Alfonsín espera “que tal actitud merezca el reclamo de todos, incluso de quienes pueden coincidir con la cuestión de fondo: entidades industriales, empresarias, partidos y analistas políticos” ya que “el silencio de los aludidos sería tan preocupante como la tendencia del Gobierno a burlar e incumplir la ley”.
¿Qué dice la ley de Prepagas?
Entre otras cosas, esta norma obliga a las empresas a cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio (PMO) y el Sistema con Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad previsto en la Ley 24.901.
La misionera Leverberg explica que “están las prácticas médicas obligatorias, o sea la atención primaria de la salud, y después hay otras complementarias que las obras sociales deben satisfacer en cuanto a atención preventiva, o bien la atención específica de estas patologías que también tienen carácter general”.
En otras palabras, la diputada señala que “hay una ampliación de lo que se consideran patologías para el común de la gente, es decir que aquel afiliado que tiene cubierta su cuota, tenga acceso también a estos beneficios”.
De esta forma, “al tratarse de derechos sociales, de enfermedades que estadísticamente tienen carácter de colectivas, tienen que ser atendidas por las obras sociales, no solamente por el Estado”, considera Leverberg.
Cabe recordar que la ley también establece que los contratos de prestaciones deben ser autorizados por el Ministerio de Salud y los usuarios pueden rescindirlos en cualquier momento. Por otro lado, fija que las empresas no pueden rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes, pero sí aplicar valores diferenciales debidamente justificados y autorizados, en tanto que a los mayores de 65 años, con diez años de antigüedad en la cobertura, no se les puede aumentar la cuota. Por último, hay que destacar que el decreto reglamentario dispone la creación de un Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, que nucleará a todas las entidades que comprendía la ley, sumando a las que incorporó luego el Gobierno.
