A pesar de las fuertes críticas que plantearon los bloques más fuertes de la oposición, el kircherismo aprobó los proyectos contra la financiación del terrorismo y el lavado de activos presentados por el Poder Ejecutivo, que fueron defendidos por el ministro de Justicia.
Tras el recambio legislativo, el Congreso volvió a la carga con unos de los proyectos más urgentes para el oficialismo: los de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pedidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- hace ya un tiempo.
Las comisiones de Legislación Penal -presidida ahora por el kirchnerista Oscar Albrieu- y de Finanzas -comandada por Carlos Heller, de Nuevo Encuentro-, se reunieron en plenario para escuchar la exposición del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, sobre los dos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo en esta materia.
Si bien todos los bloques demostraron voluntad en avanzar con el tema, el núcleo opositor planteó fuertes críticas a los proyectos por considerar “confusos” e “innecesarios” algunos de los puntos, además de advertir que no cumplen específicamente con las exigencias del organismo internacional.
Sin embargo, Alak defendió las propuestas, al considerar que “resultan muy trascendentes en la lucha contra el crimen organizado”, y al resaltar “la necesidad de adecuar nuestras normas para no ser sancionados por el GAFI”.
Uno de los proyectos -el que generó más polémica- propone incorporar el artículo 41 quinque al Código Penal, con el fin de evitar criminalizar la protesta social. Por eso, se propone que “los actos ejecutados en ejercicio de derecho constitucional” no sean considerados terroristas.
Por otra parte, el Ejecutivo plantea una nueva ley contra el lavado de dinero, según explicó Alak, para “darle más solidez a la democracia, a las instituciones y a la trasparencia del mercado financiero”.
También estuvieron presentes en el plenario el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella; y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, César Albarracín.
Las palabras de Alak
El ministro de Justicia comentó que se trata de “una discusión de más de dos años” dentro del Gobierno y con el GAFI, además de advertir que el proyecto “no complace en forma absoluta” al organismo financiero, “pero se aproxima a los estándares internacionales”.
Por otra parte, consideró que “debatir terrorismo es muy complejo en Argentina”, ya que “la herencia de los `70 nos remite a un pasado doloroso”.
Además, mencionó la criminalización de los movimientos sociales emergidos durante la crisis del 2001, otro de los puntos que el proyecto busca evitar.
En cuanto a los cuestionamientos de la oposición, el funcionario respondió: “La definición del terrorismo alcanzada nos parece la mejor. Si hubiésemos ido a una ley especial sería más peligroso para la criminalización de la protesta social, por eso fuimos a lo general. El Congreso es soberano para legislar no sólo en base a los pedidos del GAFI”.
En el mismo sentido, Vanoli manifestó que “no hay que hacerlo porque el GAFI lo pide, sino porque está bien. Hay una tendencia a elevar las penas por delitos sobre la actividad financiera. Es importante incorporar esto al Código Penal para que los que delinquen en el campo financiero vayan presos”.
Las objeciones de los diputados
El titular del bloque radical en Diputados, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que los proyectos del Ejecutivo son “confusos” y que “llevan a una criminalización innecesaria”. También alertó que las iniciativas contienen “errores de concepción y técnicos importantes” y que no tienen que ver con el pedido del GAFI. “Queremos acompañar, pero no sancionar esto”, anunció.
En tanto, Margarita Stolbizer (FAP) pidió discutir con más detalle este tema en el próximo período ordinario, teniendo en cuenta las discusiones que generó el proyecto, según contó Alak, dentro del mismo ministerio. “No queremos lavar conciencias y después ver si dio resultado o no”, sostuvo la diputada, quien pidió “mejorar el sistema de controles y no meternos con el Código Penal”.
Por su parte, Gustavo Ferrari (Frente Peronista) anunció que su bloque firmaría un dictamen aparte y criticó “la falta de precisión y la indeterminación del bien jurídico que intentamos defender”.
Mientras tanto, Oscar Aguad (UCR) señaló: “El país no puede estar al margen de los requerimientos internacionales. Podemos tratar maratónicamente los proyectos, pero siempre y cuando se acepten modificaciones”.
Asimismo, Patricia Bullrich (Unión por Todos) criticó la redacción muy amplia de algunos puntos, como la definición de acto terrorista y “la idea muy general de lo que aterroriza a la población”.
“Si el objetivo es cumplir con el GAFI, ajustémonos a eso”, destacó también su ex compañero de bancada Alfonso Prat Gay, por la Coalición Cívica.
El único diputado del FpV que habló durante la reunión fue Jorge Yoma, y también expuso sus críticas: “Me importa muy poco lo que opine el GAFI. No pasa por agravar los tipos penales, eso es una pésima política criminal”, consideró. De todos modos, reconoció el esfuerzo del Ejecutivo en la materia y adelantó que firmaría el despacho, pero en disidencia.
