En un plenario de cinco comisiones, obtuvo dictamen de mayoría el proyecto del oficialismo para declarar de Interés Público la fabricación de papel para diarios, mientras que la UCR, el Frente Peronista, la Coalición Cívica y Proyecto Sur firmaron sus propios dictámenes. Desde la oposición advierten sobre el avance del Estado sobre la producción del papel y la libertad de prensa.
En una reunión que duró aproximadamente dos horas y media, se llevó a cabo un plenario de las comisiones de Libertad de Expresión; Comercio; Peticiones, Poderes y Reglamento; Comunicaciones e Informática y Asuntos Constitucionales –todas en manos del Frente para la Victoria- que logró el fin buscado: emitir un dictamen de mayoría sobre el proyecto para declarar de Interés Público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios.
Dicho dictamen se elaboró en base a dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo el año pasado –uno, en agosto, que declaraba de Interés Público la fabricación de papel, y otro, de octubre, que actuaba como marco regulatorio-, y obtuvo 85 firmas.
Los otros dictámenes firmados en minoría fueron los de la UCR –que contó con 13 firmas-; el Frente Peronista -5 firmas-; Coalición Cívica -3 firmas- y Proyecto Sur -2 firmas-. El FAP, si bien intentó negociar con el FpV, tampoco llegó a un acuerdo.
Durante el debate, la titular de la Comisión de Comercio, Juliana Di Tullio (FpV) informó sobre la adhesión al proyecto de diarios nacionales como Página/12 y Popular, y también diarios a nivel provincial y local. Además, la diputada recordó las audiencias públicas realizadas el año pasado “en todo el país, y en las que participaron todos los diarios”.
Las principales críticas de la oposición estuvieron destinadas a considerar el proyecto oficial como “una restricción a la libertad de expresión y a la importación de papel” y una “persecución” por parte del Gobierno que se condice, según argumentaron, con el espíritu de la Ley de Medios.
Puntualmente, los diputados opositores arremetieron contra los artículos 40 y 41 del dictamen, con los cuales consideraron que “el Estado puede llegar a tener el control total de Papel Prensa”, según criticó el titular de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra.
Dichos artículos establecen que “Papel Prensa deberá operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel –cuando esta sea menor a la capacidad operativa-“ y “presentar y ejecutar cada tres años un plan de inversiones tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios”.
En este sentido, el dictamen reza que “cuando los fondos necesarios para estas inversiones sean provistos en forma más que proporcional por el Estado Nacional respecto de otros socios, los derechos políticos adicionales emergentes de dichos aportes de capital serán ejercidos por la Comisión Federal Asesora. Sin perjuicio de lo anterior, los derechos patrimoniales emergentes de los citados aportes forman parte de la participación accionaria del estado Nacional en Papel Prensa S.A., que se ve acrecentada eventualmente mediante este mecanismo”.
Di Tullio, la única oradora del kirchnerismo, informó que se trata de un proyecto “de central preocupación para nuestro Gobierno” que busca resolver “la inequidad en el acceso al papel y un precio igualitario” del mismo.
Sin embargo, diputados como Federico Pinedo (Pro) advirtieron que el dictamen atentaría contra el artículo 32 de la Constitución Nacional y contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que “prohíben legislar sobre la libertad de expresión”.
Además, desde la oposición repudiaron la “utilización de los medios del Estado para agredir a opositores”, “el reparto discrecional de la pauta oficial” y las trabas en las sanciones de leyes como la de Acceso a la Información, que ya cuenta con la sanción del Senado.
El reclamo político vino de Graciela Camaño (peronismo disidente), quien recordó que “el oficialismo no concurrió al debate en comisiones el año pasado” para tratar este tema. Por su parte, Ricardo Alfonsín (UCR) consideró que “esta ley está inspirada en el ánimo de revancha”.
Asimismo, Patricia Bullrich (Unión por Todos) habló de las “paradojas de la historia”: “Para distribuir la palabra monopolizamos los insumos” y “estamos planteando un proyecto de apropiación cuando se hablaba de la apropiación de los hijos de Noble”, declaró.
Por último, Margarita Stolbizer (FAP) denunció que la agenda actual del FpV está “más vinculada a tener herramientas de persecución y poder” y que “se instala una economía de amigos”. En la misma línea, Oscar Aguad (UCR) sostuvo que “el Gobierno persigue la intención de perseguir a quienes lo critican”.
