La Cámara baja seguirá con la “maratón” de leyes pedidas por el Poder Ejecutivo. Esta vez, intentará aprobar tres proyectos clave: el referido a Papel Prensa; la reforma de la Ley Penal Tributaria; y la ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La Cámara de Diputados continuará este jueves a partir de las 12 con la seguidilla de debates que viene proponiendo el Frente para la Victoria, amén del interés del Poder Ejecutivo en sancionar antes de fin de año diversas leyes.
Luego de aprobar el Presupuesto 2012 y un paquete de leyes económicas, la Cámara baja tendrá su segunda sesión del período extraordinario para aprobar tres proyectos: la declaración de Interés Público para la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios; las modificaciones a la Ley 24.769, que establece el régimen Penal Tributario; y las dos iniciativas referidas al control del lavado de dinero y el combate al terrorismo.
Se prevé que el primero de estos proyectos genere un controvertido debate, tal como se dio en el plenario de comisiones del pasado martes, mientras que la segunda de las iniciativas no generaría grandes contrapuntos, ya que oficialismo y oposición llegaron a un acuerdo en este punto. La tercera norma en cuestión, basada en el pedido del GAFI, también despertará las críticas del arco disidente. Sin embargo, el Frente para la Victoria hará valer, al momento de la votación, la mayoría numérica con que ahora cuenta.
Papel Prensa
El dictamen de mayoría –que obtuvo 85 firmas durante el plenario de comisiones del martes- se elaboró en base a dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo el año pasado –uno, en agosto, que declaraba de Interés Público la fabricación de papel, y otro, de octubre, que actuaba como marco regulatorio-.
La iniciativa propone, entonces, declarar de Interés Público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios, y establecer para esto un marco regulatorio.
Con este fin, se busca crear dentro del Congreso una Comisión Bicameral permanente de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios.
Además, la aplicación del marco regulatorio que establece este dictamen estará a cargo del Ministerio de Economía, que entre otras cosas deberá “garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel”, todo ello “manteniendo los niveles de calidad y cantidad de producción”.
Asimismo, se establece un régimen de ventas y de inversiones para los fabricantes, distribuidores y comercializadores de papel para diarios.
Como cláusulas transitorias, se establece que Papel Prensa “deberá operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel” –cuando esta sea menor a la capacidad operativa- e invertir cada tres años con el fin de “satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios”.
En este sentido, el dictamen reza que “cuando los fondos necesarios para estas inversiones sean provistos en forma más que proporcional por el Estado Nacional respecto de otros socios, los derechos políticos adicionales emergentes de dichos aportes de capital serán ejercidos por la Comisión Federal Asesora. Sin perjuicio de lo anterior, los derechos patrimoniales emergentes de los citados aportes forman parte de la participación accionaria del estado Nacional en Papel Prensa S.A., que se ve acrecentada eventualmente mediante este mecanismo”.
Ley Penal Tributaria
Este proyecto del Poder Ejecutivo busca modificar algunos puntos del Régimen Penal Tributario establecido en la Ley 24.769, sancionando la evasión del pago de tributos al Fisco nacional y modificando en este sentido el Código Penal.
La nueva norma busca actualizar los montos mínimos vigentes para las penas desde hace alrededor de 15 años en la Ley 24.769, multiplicándolos por cuatro. Además, el proyecto incorpora la adulteración de los sistemas informáticos.
Según el proyecto del Ejecutivo, “esta medida posibilitaría disminuir el flujo de nuevas causas en los juzgados con competencia en la materia y optimizar su gestión mediante un previsible incremento de los casos resueltos con sentencia condenatoria”.
Lavado de dinero y ley antiterrorismo
Existen dos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo en octubre, a pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de regular el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En una de estas iniciativas, se impulsa una modificación del Código Penal para incorporar un nuevo artículo (el 41 quinquies) y establecer que “cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país, incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo”.
Se aclara, sin embargo, que la aplicación del artículo así como la facultad que se le da a la Unidad de Información Financiera (UIF) para el congelamiento administrativo de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal, “en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hecho que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales”.
Para no dejar lugar a dudas, en los fundamentos el proyecto destaca que “quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta colectivos y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal” pero constituyan el ejercicio de un derecho constitucional.
Por otra parte, para poder reprimir de una manera específica la financiación de actos terroristas se incorporan al Código Penal los llamados “Delitos contra el orden económico y financiero”, tipificados recientemente por la ley 26.683 que incorporó en la legislación argentina la figura del lavado de dinero.
El segundo proyecto que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara baja es para incorporar al Código Penal “las principales conductas punibles que, conjuntamente con el lavado de dinero, afectan el orden económico y financiero”.
La iniciativa apunta a incorporar otras figuras penales “que procuran -dice el texto- proteger el orden económico y financiero de nuestro país”.
Una de las nuevas figuras que el Gobierno aspira introducir en la legislación vigente es la tipificación penal del delito de abuso de información privilegiada que por sus características pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables.
Al respecto, la normativa alcanzará a los directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de la sociedad y a todo aquel que acceda a la información privilegiada por ocupar un lugar dentro de la estructura societaria en la que prestan servicios o tareas.
Las penas previstas en estos casos van de dos a cuatro años de prisión, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación especial de hasta cinco años que pueden ser agravadas por las circunstancias.
Además, entre otras, la ley propuesta introduce la figura del cohecho financiero pasivo para reprimir con penas de prisión de dos a seis años a quien recibiera un beneficio o ventaja económica a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.
