En un plenario de comisiones, el oficialismo dictaminó a favor de un proyecto del Ejecutivo para modificar el régimen de contrato de trabajo agrario. El Frente Peronista y el Pro firmaron un dictamen de minoría en base a una iniciativa impulsada por la UATRE. Ambos serían tratados sobre tablas este viernes. Los representantes oficialistas cercanos a la CGT no firmaron la iniciativa.
Mientras militantes del gremio UATRE protestaban en las puertas del Congreso, el oficialismo despachó este miércoles el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo para modificar el régimen de contrato de trabajo agrario y lo trataría sobre tablas este miércoles en el recinto. De esta manera el Frente para la Victoria logró dictaminar a favor todas las iniciativas pedidas por el Gobierno para el período de sesiones extraordinarias.
El debate tuvo lugar en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de de Previsión y Seguridad Social, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto de la Cámara baja, mientras militantes de UATRE se manifestaban en contra de la iniciativa oficial en las puertas del Congreso.
Por su parte, el Frente Peronista y el Pro firmaron un dictamen de minoría en base a una iniciativa encabezada por Roberto Moullerón y elaborada con el gremio que conduce Gerónimo Venegas, quien se encontraba en la reunión. Se abstuvieron a la firma la UCR, el FAP y los cegetistas Facundo Moyano y Omar Plaini, del Frente para la Victoria.
Críticas desde la oposición
Desde la oposición denunciaron que el proyecto del Gobierno busca atomizar la UATRE y generar conflicto. El reemplazo de la RENATRE, fue otro de los puntos de mayor disidencia. Para el gremio UATRE la iniciativa pretende “la destrucción del gremio”, pues intenta partirlo en cuatro partes.
En el encuentro, Ricardo Moullerón resaltó que la iniciativa que encabeza “viene con el auspicio de trabajadores del campo y productores rurales” y se inscribe en un “debate que llevó más de 10 años”, en el cual también participó el Estado.
Por eso, el diputado peronista celebró “que la presidenta haya elevado su proyecto y nos apure a debatirlo”. En este marco, remarcó que ambas iniciativas cuentan con numerosas coincidencias por lo que pidió girarlos a los asesores para consensuar una norma en común.
Moullerón remarcó tres grandes diferencias entre su proyecto y el del Gobierno. Una es el ámbito de aplicación y “la naturaleza de la actividad rural” concebidos en el texto oficial, que según el diputado “permite una atomización gremial que va a generar conflicto”. Por otro lado, rechazó las oficinas municipales de empleo que propone el proyecto oficial y dijo: “no me imagino a un trabajador rural preguntándole al intendente dónde conseguir trabajo”.
Pero el punto de mayor disidencia vino de al momento de considerar el reemplazo del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) que establece el texto del oficialismo. Para el legislador, el organismo “funciona bien” y el Gobierno “debe controlarlo mejor”.
Por su parte, la duhaldista Claudia Rucci consideró que el proyecto es una “persecución política a la UATRE, a Gerónimo Venegas y a los miles de trabajadores rurales”. “Pretende eliminar logros históricos de los trabajadores rurales”, dijo la diputada tras remarcar que la iniciativa pretenden “volver a antes del peronismo”.
El proyecto del Ejecutivo
El nuevo régimen reconocerá a los peones derechos como remuneraciones mínimas determinadas por el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, que no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil y establecimiento de períodos y lugares de pago. Prevé además la prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal; la bonificación por antigüedad; la prohibición de deducción del salario del valor de mercaderías provistas por el establecimiento y que la jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado a las 13 horas.
Se estipula, también, el reconocimiento de horas extras; el descanso semanal; las condiciones adecuadas de higiene y seguridad; la provisión de ropa de trabajo por parte del empleador y el otorgamiento de licencias de la ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales.
Otros artículos establecen la prohibición del trabajo de menores de 16 años bajo cualquier modalidad; la regulación del trabajo adolescente y las condiciones de vivienda digna.
Los empleadores, además deberán garantizar una alimentación de los trabajadores rurales “sana, suficiente, adecuada y variada, según el área geográfica y la actividad que desarrollen”.
Según afirmó Mario Pais (FpV) durante el plenario, el proyecto busca “dar un paso trascendental en beneficio de los trabajadores agrarios”, y “dejar atrás legislaciones del gobierno de facto” que deben modificarse para adaptarlas a los cambios tecnológicos y sociales.
También dijo que es una “reforma de los derechos de los trabajadores”, y un avance “en aspectos de seguridad social” y de un “avance necesario para conciliar la legislación argentina con derechos humanos”.
“Se busca terminar con la precarización del trabajo agrario que no ha sido suficiente combatido por el régimen actual”, agregó Pais, tras sostener que la iniciativa del PEN “garantiza a los trabajadores agrarios la equiparación con los derechos generales de los trabajadores y asegura la negociación colectiva”.
