Luego de un cuarto de intermedio, la Cámara de Diputados continúa desde las 12.40 la sesión iniciada este miércoles para tratar el paquete de proyectos pedidos por el Poder Ejecutivo en el período de sesiones extraordinarias. Tras la aprobación del Presupuesto, el cuerpo se apresta al tratamiento de los proyectos para declarar de Interés Público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios.

Claro está que a pesar de las iniciativas de la oposición, el kirchnerismo buscará la aprobación del dictamen de mayoría elaborado en base a dos proyectos enviados por el Gobierno el año pasado -uno en agosto que declaraba de Interés Público la fabricación de papel, y otro de octubre que actúa como marco regulatorio-. Los dictámenes de minoría corresponden a la Unión Cívica Radical, Proyecto Sur, Frente Peronista y a la Coalición Cívica-ARI, respectivamente.

Luego de la votación, el pleno de la Cámara baja se abocará al tratamiento de la reforma de la Ley Penal Tributaria; y las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El debate en el recinto

parlamentario.com expone a continuación algunos fragmentos de las intervenciones de los legisladores durante la sesión.

La primera en tomar la palabra fue la presidenta de la Comisión de Comercio de la Cámara baja, Juliana di Tullio (FpV), quien defendió el dictamen del oficialismo y aseguró que la iniciativa “viene a salvar una situación muy inequitativa de nuestro país” referida a la comercialización del papel de diarios. Según Di Tullio, el objetivo central es “garantizar la libertad de imprenta de todos aquellos que necesitan tener ese bien para poder expresarse a través de un medio escrito”.

Recordó que además del tratamiento en comisión, el proyecto fue debatido a lo largo de cinco audiencias públicas en 2010 donde fueron invitados todos los diarios pero que ni la oposición ni Clarín y La Nación –dueños de Papel Prensa- asistieron.

“¿Presidente, usted sabe lo que significa que un diario le tenga que comprarle el papel a su máximo competidor? Es una situación de inequidad absoluta”, expresó Di Tullio. Además dijo que “no existen en ningún país del mundo que el dueño de la producción de papal se dueño de un diario”.

En nombre del radicalismo, Juan Pedro Tunessi denunció que el oficialismo “reconstruye la historia” según su “conveniencia” y desde un “maniqueísmo” que impide arribar a consensos. El diputado advirtió que el proyecto de la UCR busca “verdaderamente democratizar la comercialización” del papel para diarios, y denunció que el Gobierno “quiere estatizar Papel Prensa y no lo dice”.

“Fue este Gobierno el que llevó a crear el mas grande monopolio de la comunicación que se recuerde de la historia del país” dijo Tunessi, respecto de la fusión de cablevisión y multicanal”, agregó Tunessi. Inmediatamente, Di Tullio le contestó que la ley “es para el Estado nacional y no para este Gobierno”.

El diputado del Frente Peronista Eduardo Amadeo advirtió que con esta ley “se discute el silencio” y dijo que “lo que se quiere hacer con esta política de Estado es malo para el país”. A la vez el diputado sostuvo que “esta es una batalla perdida” porque “el Internet dice lo que no se quiere decir, y teniendo diarios adictos no se puede controlar la realidad como no se va a poder tapar la realidad del movimiento obrero que le dice basta a este proyecto, que lo está dejando fuera de la política”. Además, durante su discurso Amadeo mencionó los 25 “medios adictos al Gobierno”.

Según la puntana Ivana Bianchi (FP), el proyecto del Ejecutivo busca “expropiar una empresa privada” y tiene por objeto “regular una actividad –la libertad de expresión- que se encuentra prohibida por nuestra propia Constitución”.

Al turno del interbloque Frente Amplio Progresista, Ernesto Martínez (Frente Cívico Córdoba) dijo: “privilegiamos el valor democrático y constitucionalmente superior votando en contra el proyecto del Poder Ejecutivo”.

Luego, su compañera Margarita Stolbizer (Gen) sostuvo que el oficialismo “decidió cambar el camino de la legalidad por el de la ilegalidad” argumentando que, según la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica no se puede regular la libertad de expresión. En el mismo sentido, la diputada reconoció que comparte los “loables objetivos que se nos quieren vender” pero expresó su temor de que la norma termine como la ley de medios que, según afirmó, no alcanzó la democratización propuesta.

Gabriela Michetti dijo que “hoy estamos en un día difícil bancando la exposición de hipocresías y mentiras” frente a “objetivos que parecen loables”. “Vamos a tener un problema realmente grave de libertad de expresión en la Argentina”, advirtió la diputada del Pro, tras asegurar que mediante el proyecto se buscará la “confiscación de la empresa privada” -Papel Prensa.

Por su parte, Patricia Bullrich (Unión por Todos) sostuvo que “este es un hito más en una cadena de decisiones tendientes a controlar la prensa”. “Hoy la democracia argentina va a llorar”, sentenció la diputada, quien además denunció que se estaría violando, con este proyecto, la Constitución Nacional y consideró que “si el Gobierno logra su objetivo después va a apretar más y más a los medios”.

Por la Coalición Cívica, Carlos Comi manifestó: “Todos aquí sabemos que esto es parte de una disputa política. Debe quedar claro que es ilegal e inconstitucional”.

Carlos Raimundi, del bloque Nuevo Encuentro, defendió la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. “El concepto de monopolio es un concepto antagónico al de libertad”, dijo, y agregó que “es un error pensar que se pasa de un monopolio privado a un monopolio estatal”.

A su turno, Fernando “Pino” Solanas consideró que “es la sociedad la que está interesada en que se multipliquen las voces gráficas. Acá no hay un debate serio que tienda a legislar una verdadera política de Estado que les sirva a los ciudadanos”.

Felipe Solá, por el Frente Peronista, reiteró sus críticas a los dos artículos finales del proyecto oficial -el 40 y el 41-, que tenderían a “la incrementación del capital accionario del Estado”.

El proyecto del Ejecutivo

El dictamen declara de Interés Púbico la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios, y para esto establece un marco regulatorio. Con este fin, se busca crear dentro del Congreso una Comisión Bicameral permanente de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios.

La aplicación estará a cargo del Ministerio de Economía, que entre otras cosas deberá “garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel”, todo ello “manteniendo los niveles de calidad y cantidad de producción”.

Asimismo, se establece un régimen de ventas y de inversiones para los fabricantes, distribuidores y comercializadores de papel para diarios. Como cláusulas transitorias, se establece que Papel Prensa “deberá operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel” –cuando esta sea menor a la capacidad operativa- e invertir cada tres años con el fin de “satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios”.

En este sentido, el dictamen reza que “cuando los fondos necesarios para estas inversiones sean provistos en forma más que proporcional por el Estado Nacional respecto de otros socios, los derechos políticos adicionales emergentes de dichos aportes de capital serán ejercidos por la Comisión Federal Asesora. Sin perjuicio de lo anterior, los derechos patrimoniales emergentes de los citados aportes forman parte de la participación accionaria del estado Nacional en Papel Prensa S.A., que se ve acrecentada eventualmente mediante este mecanismo”.