Sin grandes contratiempos, el Frente para la Victoria consiguió aprobar, luego del proyecto de ley antiterrorismo, la iniciativa del Poder Ejecutivo para regular el lavado de activos.
El oficialismo consiguió avanzar en la Cámara baja con otro de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo: el destinado a aumentar las penas contra el delito del lavado de dinero. El dictamen de mayoría, correspondiente al FpV, fue aprobado inmediatamente después de la propuesta de ley antiterrorismo, que tuvo el mismo destino: ambos fueron girados a la Cámara alta, que las tratará la semana que viene.
La votación en general contó con 165 adhesiones, 57 desaprobaciones y 4 abstenciones. El dictamen en cuestión no sufrió modificaciones significativas durante su tratamiento en particular.
El dictamen sobre lavado de dinero
El segundo proyecto que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara baja es para incorporar al Código Penal “las principales conductas punibles que, conjuntamente con el lavado de dinero, afectan el orden económico y financiero”.
La iniciativa apunta a incorporar otras figuras penales “que procuran -dice el texto- proteger el orden económico y financiero de nuestro país”.
Una de las nuevas figuras que el Gobierno aspira introducir en la legislación vigente es la tipificación penal del delito de abuso de información privilegiada que por sus características pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables.
Al respecto, la normativa alcanzará a los directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de la sociedad y a todo aquel que acceda a la información privilegiada por ocupar un lugar dentro de la estructura societaria en la que prestan servicios o tareas.
Las penas previstas en estos casos van de dos a cuatro años de prisión, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación especial de hasta cinco años que pueden ser agravadas por las circunstancias.
Además, entre otras, la ley propuesta introduce la figura del cohecho financiero pasivo para reprimir con penas de prisión de dos a seis años a quien recibiera un beneficio o ventaja económica a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.
