El pleno de la Cámara baja trata desde las 3.40 de este viernes el proyecto del Gobierno que busca limitar la extranjerización de tierras rurales. Con una aprobación afirmativa casi asegurada, el kirchnerismo habría girado a la Cámara alta el paquete de iniciativas pedidas por Cristina Fernández de Kirchner para el período de sesiones extraordinarias.
La Cámara de Diputados de la Nación se apresta a tratar el último de los proyectos incluidos en el temario pedido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para el período de sesiones extraordinarias: el “régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”.
Si el pleno de la Cámara aprobase la iniciativa en cuestión, el bloque de diputados del Frente para la Victoria habría cumplido con la misión de girar al Senado y sin grandes modificaciones todo el paquete de proyectos pedido por el Poder Ejecutivo.
El tratamiento del dictamen se inició a las 3.40 con la presencia de la mayoría de la Cámara y con la ausencia del Pro y el Frente Peronista, entre otros, que decidieron retirarse del recinto cuando el oficialismo decidió concluir con el temario de la sesión iniciada este miércoles, sin pasar a un cuarto intermedio.
El encargado de defender la propuesta del FpV fue el nuevo titular de la Comisión de Legislación General, Luis Cigogna, quien sostuvo que “el dictamen configura el inicio de una política de Estado” y que en su confección “se aceptaron importantes modificaciones de diferentes bloques”.
Desde el radicalismo, Pablo Orsolini reconoció los acuerdos de su bloque con la iniciativa oficial y pidió “trabajar contra la concentración de la tierra entre los argentinos”. En el mismo tono, su compañero de Federación Agraria Ulises Forte llamó a “ponerle limites al latifundio”.
Las mayores disidencias vinieron de parte de los radicales Juan Casañas y Ricardo Buryaile, quien calificó de “xenófobo” a la iniciativa del oficialismo.
El proyecto de ley de tierras
Si bien el dictamen de mayoría tuvo como base la propuesta que el Poder Ejecutivo remitió meses atrás a la Cámara baja, se incluyeron en el texto modificaciones planteadas por la mayoría de los bloques y se redujo, por ejemplo, del 20 al 15 por ciento el porcentaje del territorio nacional permitido para que esté bajo posesión extranjera.
Además, según el texto -que no prevé retroactividad y por ende no vulnera derechos adquiridos- de ese 15 por ciento total no podrá haber más del 30 por ciento en manos de “personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad”.
La iniciativa establece que las tierras en poder de extranjeros “no podrán superar las mil hectáreas o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales”.
La ley fija excepciones para aquellos extranjeros “unidos en matrimonio con ciudadanos argentinos” o que “tengan más de 10 años de residencia permanente y probada” y fija estrictas prohibiciones para la venta de superficies que “contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”.
También prohíbe la venta de “inmuebles ubicados en zonas de seguridad de fronteras”, a excepción de lo dispuesto en la ley de Defensa Nacional (23.554) y crea como autoridad de aplicación al Registro Nacional de Tierras Rurales, en el ámbito del Ministerio de Justicia y de la cartera de Agricultura.
