Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario. Modificación.

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 1º: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el
obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones
maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por
omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco
nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
siempre que el monto evadido excediere la suma de cuatrocientos mil
pesos ($ 400.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun
cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior
a un (1) año.

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 2º: La pena será de tres (3) años y seis (6) meses a nueve
(9) años de prisión, cuando en el caso del artículo 1º se verificare
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Si el monto evadido superare la suma de cuatro millones de
pesos ($ 4.000.000);

b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para
ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto
evadido superare la suma de ochocientos mil pesos
($ 800.000);

c) Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones,
desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o
cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido
por tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos
($ 800.000);

d) Si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o
cualquier otro documento equivalente, ideológica o
materialmente falsos.

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 3º: Será reprimido con prisión de tres (3) años y seis (6)
meses a nueve (9) años el obligado que mediante declaraciones
engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, se
aprovechare indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o
cualquier otro subsidio nacional, provincial, o correspondiente a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de naturaleza tributaria siempre
que el monto de lo percibido supere la suma de cuatrocientos mil pesos
($ 400.000) en un ejercicio anual.

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 4º: Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años el
que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o
cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere
un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una
exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro,
recupero o devolución tributaria al fisco nacional, provincial o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 6º: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el
agente de retención o de percepción de tributos nacionales,
provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no
depositare, total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles
administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o
percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de
cuarenta mil pesos ($ 40.000) por cada mes.

Art. 6º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 7º: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el
obligado, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones
maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por
omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o
contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema
de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la
suma de ochenta mil pesos ($ 80.000) por cada mes.

Art. 7º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 8º: La prisión a aplicar se elevará de tres (3) años y seis
(6) meses a nueve (9) años cuando en el caso del artículo 7º se
verificare cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Si el monto evadido superare la suma de cuatrocientos mil
pesos ($ 400.000), por cada mes;

b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas
para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el
monto evadido superare la suma de ciento sesenta mil pesos
($ 160.000).

Art. 8º – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 9º: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el
empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez
(10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el
importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el
monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos ($ 20.000)
por cada mes.

Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los
recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente,
dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo
de ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que el monto no
ingresado superase la suma de veinte mil pesos ($ 20.000) por cada
mes.

La Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo
recaudador provincial o el correspondiente a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires habilitará, a través de los medios técnicos e informáticos
correspondientes o en los aplicativos pertinentes, la posibilidad del
pago por separado y en forma independiente al de las demás
contribuciones patronales, de los aportes retenidos por el empleador a
sus dependientes y de las retenciones o percepciones de los agentes
obligados respecto de los recursos de la seguridad social.

Art. 9º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 10: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el
que habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un
procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o
cobro de obligaciones tributarias o de aportes y contribuciones de la
seguridad social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias,
provocare o agravare la insolvencia, propia o ajena, frustrando en todo
o en parte el cumplimiento de tales obligaciones.

Art. 10.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 11: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el
que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro
ardid o engaño, simulare el pago total o parcial de obligaciones
tributarias o de recursos de la seguridad social nacional, provincial o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación
de sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros.

Art. 11.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 12: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el
que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare,
modificare o inutilizare los registros o soportes documentales o
informáticos del fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, relativos a las obligaciones tributarias o de los
recursos de la seguridad social, con el propósito de disimular la real
situación fiscal de un obligado.

Art. 12.- Incorpórase como artículo 12 bis de la ley 24.769 y sus
modificaciones, el siguiente:

Artículo 12 bis: Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4)
años, el que modificare o adulterare los sistemas informáticos o
equipos electrónicos, suministrados u homologados por el fisco
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
siempre y cuando dicha conducta fuere susceptible de provocar
perjuicio y no resulte un delito más severamente penado.

Art. 13.- Incorpóranse al artículo 14 de la ley 24.769 y sus
modificaciones, los siguientes párrafos:

Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido
realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una
persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes
sanciones conjunta o alternativamente:

1. Multa de dos (2) a diez (10) veces de la deuda verificada.

2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso
podrá exceder los cinco (5) años.

3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales
de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad
vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los
cinco (5) años.

4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al
solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan
la principal actividad de la entidad.

5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.

6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa
de la persona de existencia ideal.

Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el
incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de
vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión
del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del
delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona
jurídica.

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de
la entidad o de una obra o de un servicio en particular, no serán
aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4.
Art. 14.- Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 16: El sujeto obligado que regularice espontáneamente su
situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, quedará
exento de responsabilidad penal siempre que su presentación no se
produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la
repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa
o indirectamente con él.

Art. 15.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 18: El organismo recaudador formulará denuncia una vez
dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria o resuelta en
sede administrativa la impugnación de las actas de determinación de la
deuda de los recursos de la seguridad social, aun cuando se
encontraren recurridos los actos respectivos.

En aquellos casos en que no corresponda la determinación
administrativa de la deuda se formulará de inmediato la pertinente
denuncia, una vez formada la convicción administrativa de la presunta
comisión del hecho ilícito.

Cuando la denuncia penal fuere formulada por un tercero, el juez
remitirá los antecedentes al organismo recaudador que corresponda a
fin de que inmediatamente dé comienzo al procedimiento de
verificación y determinación de la deuda. El organismo recaudador
deberá emitir el acto administrativo a que se refiere el primer párrafo
en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles administrativos,
prorrogables a requerimiento fundado de dicho organismo.

Art. 16.- Derógase el artículo 19 de la ley 24.769 y sus modificaciones.
Art. 17.- Sustitúyese el artículo 20 de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 20: La formulación de la denuncia penal no suspende ni
impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes
a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos
de la seguridad social, ni la de los recursos administrativos,
contencioso administrativos o judiciales que se interpongan contra las
resoluciones recaídas en aquéllos.

La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta
que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. En este caso no
será de aplicación lo previsto en el artículo 74 de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones o en normas análogas de las
jurisdicciones locales.

Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa
aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones
de hechos contenidas en la sentencia judicial.

Art. 18.- Sustitúyese el artículo 22 de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 22: Respecto de los tributos nacionales para la aplicación
de la presente ley en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, será competente la justicia nacional en lo penal tributario,
manteniéndose la competencia del fuero en lo penal económico en las
causas que se encuentren en trámite ante el mismo. En lo que respecta
a las restantes jurisdicciones del país será competente la justicia
federal.

Respecto de los tributos locales, serán competentes los respectivos
jueces provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 19.- Agréguese como último párrafo del artículo 76 bis del Código
Penal de la Nación el siguiente:

Artículo 76 bis: Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de
los ilícitos reprimidos por las leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas
modificaciones.

Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.