Ramona Pucheta le informó parlamentario.com que su fuerza convocó a las organizaciones sociales a manifestarse en el Congreso contra el proyecto que trataría el Senado este miércoles. La diputada asegura la ley busca criminalizar la protesta social.
El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) convocó a las organizaciones sociales a manifestarse este miércoles contra el proyecto de ley antiterrorista que tratará el Senado esta semana.
La diputada nacional Ramona Pucheta le adelantó a parlamentario.com que su fuerza se concentrará en las puertas del Congreso de la Nación al momento en que el pleno de la Cámara alta trate la iniciativa pedida por el Poder Ejecutivo ya que, asegura, criminaliza la protesta social.
“Con esta ley están criminalizando la protesta social. Terror a mí me causa salir a la calle, ver gente durmiendo en la vereda, o entrar a un supermercado y no poder llevarme algo porque no me alcanza. Esto nos ocasiones terror todos los días. Con esto están logrando sacar la protesta social y meternos presos”, dijo la diputada en referencia al polémico proyecto.
De esta manera, Pucheta se manifestó en el mismo sentido que lo hicieran desde Proyecto Sur y el Frente Amplio Progresista.
El proyecto contra el financiamiento del terrorismo
En una de estas iniciativas, se impulsa una modificación del Código Penal para incorporar un nuevo artículo (el 41 quinquies) y establecer que “cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país, incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo”.
Se aclara, sin embargo, que la aplicación del artículo así como la facultad que se le da a la Unidad de Información Financiera (UIF) para el congelamiento administrativo de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal, “en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hecho que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales”.
Para no dejar lugar a dudas, en los fundamentos el proyecto destaca que “quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta colectivos y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal” pero constituyan el ejercicio de un derecho constitucional.
Por otra parte, para poder reprimir de una manera específica la financiación de actos terroristas se incorporan al Código Penal los llamados “Delitos contra el orden económico y financiero”, tipificados recientemente por la ley 26.683 que incorporó en la legislación argentina la figura del lavado de dinero.
