La norma sancionada la semana pasada sigue despertando repudios. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo negó que en nuestro país haya terrorismo, y sostuvo que, más allá de que en esta gestión las manifestaciones “no son reprimidas”, otros gobiernos podrían usar la ley para encarcelar a quienes protesten por sus derechos.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se sumó a las críticas a la llamada Ley Antiterrorista, que fue sancionada definitivamente por el Senado la semana pasada: “La preocupación es porque en la Argentina no hay terrorismo. Hubo un atentado a la Amia y a la Embajada de Israel, producto de injerencias externas, no de argentinos, y si argentinos colaboraron, son mercenarios, pero no hay una red de la que uno tenga que preocuparse”, enfatizó.
En declaraciones a radio La Red, Carlotto subrayó que “hay delitos comunes, hay muchas razones para pensar que hay que modificar las normas para la seguridad en todo el país, pero nada más”.
Además, la titular de Abuelas remarcó: “Nuestra preocupación es que con este Gobierno tenemos la garantía de que no van a ser reprimidas las manifestaciones sociales cuando se demanda un derecho, al trabajo, al aumento de sueldo, lo que se reclama desde tiempo inmemorial, y que no se reprimen aun cuando hay desmanes que no son justificables”.
“Pero ¿qué pasará más adelante, con esta ley, con otros gobiernos que interpreten la ley de otra manera o con jueces a los que les va a encantar meter presos a quienes manifiestan pidiendo derechos? Esa fue una preocupación”, se preguntó.
La nueva Ley Antiterrorismo, sancionada a pedido de la Unidad de Información Financiera (GAFI), fue objeto de repudio de todos los sectores de la oposición.
El proyecto contra el terrorismo
La ley impulsa una modificación del Código Penal para incorporar un nuevo artículo (el 41 quinquies) y establecer que “cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país, incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo”.
Se aclara, sin embargo, que la aplicación del artículo así como la facultad que se le da a la Unidad de Información Financiera (UIF) para el congelamiento administrativo de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal, “en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hecho que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales”.
Para no dejar lugar a dudas, en los fundamentos el proyecto destaca que “quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta colectivos y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal” pero constituyan el ejercicio de un derecho constitucional.
