Desde el gobierno provincial niegan que la norma implique despidos masivos de trabajadores estatales. En cambio, la oposición calificó a la ley de "inconstitucional" y "arbitraria".
La Legislatura de Río Negro aprobó la ley que declara la emergencia económica en la provincia y permite el pase a “disponibilidad” de empleados de la administración pública, en medio de manifestaciones y protestas de trabajadores estatales.
El proyecto consiguió el voto positivo de los legisladores del Frente para la Victoria y fue rechazado por “inconstitucional” y “arbitrario” por los bloques opositores de la Concertación, el ARI, el Partido Provincial Rionegrino y Unidos por Río Negro.
Tras la aprobación en el recinto de la ley de “emergencia institucional, económica, financiera, administrativa y social”, la Asociación Trabajadores del Estado expresó su “rechazo” a la normativa impulsada por el bloque mayoritario oficialista.
El secretario de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar, opinó que la ley de emergencia representa “la institucionalización de un grave ataque a todas las garantías constitucionales que tutelan la defensa de la estabilidad en el empleo público, y a la legalización del temor en los sectores laborales”.
En tanto, la Unión Personal Civil de la Nación de Río Negro presentó en Viedma un recurso de amparo ante la Justicia provincial con el objetivo de “proteger la situación de los contratados”, que ahora podrán ser cesanteados si no tienen función específica.
La sesión para debatir el proyecto comenzó a las 10, mientras afuera del edificio legislativo se concentraron trabajadores estatales nucleados en ATE y UPCN, protesta que fue seguida por numerosos efectivos de la Guardia de Seguridad.
También hubo marchas en contra de la iniciativa oficialista en General Roca, Cipolletti y otras ciudades rionegrinas.
Bautista Mendioroz, jefe del bloque de la UCR, aseguró que “se trata de una ley que genera una zozobra innecesaria en la familia estatal rionegrina, porque se pueden revisar los contratos o incorporaciones de personal no justificados, sin poner a la totalidad de los agentes públicos bajo sospecha”.
“Está bien investigar en las denuncias sobre casos de nombramientos mal hechos, pero ésta no es la forma de hacerlo”, dijo el vocero de la oposición.
En tanto, el presidente de la bancada kirchnerista, Carlos Peralta, defendió el proyecto de ley al afirmar que “personalmente voy a garantizar que no sea despedido ni un solo empleado público que haya ingresado en las condiciones que establecen la Constitución y las leyes vigentes”.
“Quiero llevar tranquilidad a la totalidad de los empleados públicos rionegrinos, de acuerdo al texto de la Constitución provincial en su artículo 51, que habla del ingreso y estabilidad del empleado público y dice que la idoneidad, la eficacia son condiciones para el ingreso, permanencia y ascenso de los empleados públicos”, explicó.
El gobierno aseguró que la declaración de “emergencia”, que incluye el pase a “disponibilidad” de gran cantidad de trabajadores contratados, no implicará despidos masivos sino que tiene por objetivo censar a los trabajadores y eliminar de planta a aquellos considerados “ñoquis”.
