Autonomía porteña: una visión de gestión

Por Joaquín Pinotti

La autonomía porteña -según los doctrinarios- es una de las cuestiones jurídico-política más compleja de los últimos tiempos. Prueba de ello, son los ríos de tinta que se han escrito acerca de la misma.

Es una cuestión con alta complejidad jurídica, ya que el vocablo autonomía -la capacidad de darse sus propias normas-, en la historia constitucional argentina, se asoció en primer lugar a las provincias, luego la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le atribuyó autonomía a los municipios provinciales, para finalmente, los convencionales constituyentes de 1994 dotaran del carácter autonómico a la Ciudad de Buenos Aires, a los municipios, junto con otras instituciones de diversa naturaleza jurídica como el Defensor del Pueblo o la Auditoría General de la Nación. Por ello, podemos concluir que, desde su concepción jurídica, el vocablo autonomía es altamente heterogéneo y deberá interpretarse en relación al tiempo, el contexto y a la institución que refiera.

Por su parte, la autonomía porteña está dotada -por varias razones- de un alto componente político desde su propio origen. En primer lugar, la inclusión de un régimen autónomo para la ciudad porteña fue una propuesta estratégica de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Pacto de Olivos, teniendo en cuenta la tendencia antiperonista sobre la que se construía el voto del electorado capitalino, y que le podría garantizar el gobierno de la misma. En segundo lugar, la garantía de los intereses nacionales fue propugnada por una amplia mayoría parlamentaria justicialista -a través de la conocida como Ley Cafiero- que redujo a la autonomía porteña a su mínima expresión constitucional, en abierta contradicción al espíritu de los convencionales constituyentes.

Aun así dichos antecedentes, no deben ser considerados obstáculos para que los porteños -y su dirigencia política- defiendan y avancen progresivamente en la consolidación de su autonomía. Primero, desde lo jurídico, la Ley Cafiero puede representar un impedimento para que algunas de las cuestiones que la comprenden, tales como, la Justicia Ordinaria, el Registro de la Propiedad Inmueble o la Inspección General del Justicia avancen en su transferencia; pero no obsta en otras tantas que también comprenden a la autonomía como, por ejemplo, la regulación de los juegos de azar, la titularidad del puerto de Buenos Aires o la regulación y control del transporte público de pasajeros; y que ya muestran algún grado de progreso.

Desde lo político, a contrario sensu de la hipótesis mayoritaria que postula que sólo cuando la Nación y la Ciudad sean gobernadas por mandatarios del mismo signo político el proceso autonómico podrá consolidarse, la Historia nos muestra lo contrario. A excepción del leve avance que se logró durante la gestión de Enrique Olivera , el mayor grado autonomía que ha gozado la Ciudad de Buenos Aires se fue consolidando a partir de 2007, a través de los acuerdos -y algunos desacuerdos- que operaron entre Mauricio Macri y Néstor y Cristina Kirchner. Grandes opositores en ideología y relato político.

En el año 2007, mediante un acuerdo político entre el ex Presidente de la Nación, Nestor Kirchner, y el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri; se modificó el artículo 7° de la Ley 24.588, levantando la prohibición que pesaba en cabeza de la Ciudad de contar con su propia policía. Dicha reforma, fue el paso previo para la sanción de Ley 2.809 de Seguridad Pública que dispusiese la creación histórica de la Policía Metropolitana. Hacía 70 años que no se creaba una fuerza de seguridad pública en la República Argentina, y una de las primeras políticas públicas que el Gobierno porteño diseño e implementó desde cero. Algo similar ocurrió con la prosecución de los juicios en contra del Estado nacional y los casinos capitalinos, recuperando por decisión de la CSJN , el poder de policía sobre dicha actividad.

Y finalmente, por dicho sendero autonómico, es el que transita la regulación y control de los subterráneos de Buenos Aires. Desde un punto de vista estrictamente técnico, la Ciudad de Buenos Aires podría haber obtenido el manejo de los subtes desde la sanción de la Ley Cafiero puesto que, según ésta, la jurisdicción nacional se aplica sólo a aquellos servicios públicos de carácter interjurisdiccional (Artículo 9°). Es más, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 393/99 -adherido por Ley de la Ciudad N° 373 – se instruyó al entonces Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, para que, a través de la Secretaría de Transporte, realizara los actos necesarios para la instrumentación de la transferencia del control de los Servicios de Transporte Ferroviario de Pasajeros subterráneos y premetro a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Pero dicha instrucción nunca se implementó. Aún así, actualmente, con todas las condiciones económicas financieras en contra, y alguna que otra chicana política, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha aceptado recibir el transporte subterráneo.

Lo hasta aquí relatado -y a modo de conclusión- nos permite afirmar que no son necesarias tener las mejores condiciones jurídico-políticas para que las transferencias de competencias se efectúen, sino que basta con contar con una dirigencia política que tenga una visión de gestión que procure consolidar la autonomía porteña, fomente el diálogo político a la vez que se despoje de los anacrónicos paradigmas municipales, para así poder realmente abogar por los derechos y garantías de todos los porteños.

1 Fallo “Rivademar, Angela Digna Balbina Martínez Galván de c/Municipalidad de Rosario s/ recurso contencioso – administrativo de plena jurisdicción” del 21 de Marzo de 1989l
2 Durante el mandato radical del Jefe de Gobierno, Enrique Olivera, el Gobierno porteño adquirió la posibilidad de dictarles órdenes a la Policía Federal Argentina, previo consentimiento del Ministro del Interior de la Nación, también de extracción radical. Este representó hasta 2007 uno de los mayores avances materiales en lo que refiere a las facultades autónomas porteñas.
3 Fallo “Giachino, Luis Alberto y otro c/ Estado Nacional – Dirección General de Sanidad de Fronteras y Terminales de Transporte y otros” del 18 de Octubre de 2011.

Pinotti es secretario de Investigación y Análisis de Políticas Públicas de Jóvenes PRO Capital

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