Los diputados nacionales Claudio Lozano y Liliana Parada (FAP) e integrantes de Buenos Aires para Todos celebraron el reciente traspaso por parte del Gobierno nacional a la Ciudad Autónoma del servicio de subterráneos, al tiempo que expresaron “gran preocupación por el ajuste encubierto que implica esta medida de las cuentas públicas nacionales con el objeto de desconcentrar recursos ante el déficit imperante”.

Mediante un comunicado, los legisladores consideraron que “el traspaso debería incluir de manera imprescindible, la discusión sobre el conjunto de las competencias que la Ciudad tendría que tener en materia de transporte y revisar la concesión de la empresa Roggio, replanteando el rol del Estado en el servicio de subterráneos”.

Desde Buenos Aires para Todos advirtieron que “esta medida que se presenta como un avance en el marco de la necesaria autonomía de la Ciudad de Buenos Aires esconde, sin embargo, un proceso de ajuste ya que el costo del traspaso por parte del Gobierno de Macri afectará a 1,2 millones ciudadanos de Buenos Aires que utilizan este medio de transporte, siendo los más perjudicados los sectores más vulnerables y de bajos recursos”.

Además, los diputados aclararon que “el traspaso reciente mantiene la concesión con la empresa del grupo Roggio, que demostró desde el año 1993 (año en que se adjudicó la concesión del subte) una reiterada y manifiesta desinversión sobre el actual servicio”.

“Desde Buenos Aires para Todos creemos en el diseño de políticas de transporte desde una perspectiva distributiva e inclusiva. En este sentido, la discusión en torno a garantizar el actual monto del subsidio y el pago del 50 por ciento que corresponde a la Ciudad, debe estar fundado en beneficio del conjunto de la sociedad y no al amparo de las ganancias millonarias que la empresa concesionaria viene registrando en los últimos años”, expresaron.

De todos modos, remarcaron que “el Gobierno de Macri debe poner en consideración el traspaso del servicio de subtes de la Ciudad de Buenos Aires ya que debe ser aprobado por la Legislatura porteña según lo establece la Constitución de la Ciudad (Artículo 80, inciso 8), al igual que la regulación tarifaria, como indica el artículo 13 de la Ley 210”.

“Desde Buenos Aires para Todos convocaremos a los trabajadores del subte para discutir los puntos de este traspaso, al tiempo que llamamos al Gobierno de la Ciudad a abrir una mesa de trabajo y discusión que convoque al conjunto de las fuerzas políticas del distrito, junto con los trabajadores del subterráneo, las asociaciones de usuarios y consumidores, organismos de control (como el Ente de Servicios Públicos), la empresa y el Gobierno de la Ciudad en el marco de la Legislatura de la Ciudad”, expresaron.

Los legisladores dijeron que “en esta mesa deberán evaluarse a corto plazo las condiciones de contratación actual de la empresa concesionaria, los cumplimientos a las cláusulas del mismo, así como también el proceso de fiscalización y control por parte de los organismos públicos de la Ciudad en torno a la nueva gestión. Y a largo plazo, planificar y diseñar las alternativas tras el vencimiento del contrato de concesión actual”.