ián Domínguez habló del tema, dejando de lado una eventual re-reelección, pero fue suficiente para que la oposición encendiera luces de alarma. El tema divide aguas entre juristas y políticos de todos los sectores.
Muchos culparán a la diputada Diana Conti por haber puesto la semilla que despertará las sospechas cada vez que se pronuncien las palabras reforma constitucional. Error: de no haber mediado la infidencia de la legisladora bonaerense, siempre la oposición y el periodismo estarían pendientes de esa alternativa, conscientes de la tentación que representa el alargamiento de los mandatos, sobre todo cuando existe un oficialismo muy poderoso y los tiempos comienzan a estrecharse.
Conti habló de una “Cristina eterna”, y su presencia al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja ha generado expectativas por cuanto es allí donde eventualmente podría comenzar a germinar una posibilidad en ese sentido.
Las luces de alarma de la oposición se encendieron cuando días pasados fue nada menos que el propio titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, quien se ocupó del tema. Fue en el marco de una extensa entrevista por C5N, en la que habló de otros temas, pero en un pasaje se enredó con la cuestión de la reforma constitucional. La cuestión pasó desapercibida por otros medios, pero fue recogida por parlamentario.com, que al hacer hincapié en esas referencias sobre los deseos del diputado bonaerense generó reacciones en el seno de la oposición y la atención de los demás medios.
¿Qué dijo Domínguez? Vale aclarar y remarcar que el presidente de la Cámara baja descartó de plano el tema de la re-reelección. O mejor dicho, minimizó esa posibilidad en el marco de una modificación constitucional. Pero sí abrió lo que para muchos es una caja de Pandora, en pos de “garantizar el federalismo”.
Ante la pregunta de si imaginaba una discusión en los próximos años en torno de la re-reelección de Cristina Fernández de Kirchner, se plantó con una sonrisa, diciendo: “No, me parece muy aburrido, muy repetido”, y señaló muy amplio que lo que imaginaba era “a la Argentina discutiendo cómo fortalece su sistema político, cómo fortalecemos a los partidos políticos, cómo le damos previsibilidad a la economía”.
Pero trascartón, abrió la puerta al no descartar al Parlamento discutiendo eventualmente una reforma constitucional, aclarando frente a la posibilidad de reelección que “son dos cosas diferentes”. ¿Para qué habría que modificar la Constitución?, se le preguntó entonces. “Como bonaerense le planteo un tema -dijo-; nosotros perdimos el Colegio Electoral que en la provincia de Buenos Aires nos permitía garantizar el federalismo y la defensa de los intereses de la Provincia. Hoy la provincia de Buenos Aires no tiene instrumentos jurídicos, porque quedó sepultado definitivamente en la Constitución del año 94; no podríamos discutir una nueva ley de Coparticipación los bonaerenses con los requerimientos constitucionales de esta reforma”.
“La provincia de Buenos Aires es quien, por Coparticipación, menos ingresos recibe con respecto al resto de las provincias”, precisó Domínguez, abundando en una serie de temas que hay que ver, pero de ninguna manera esto debe confundirse con un intento de abrir las puertas a la re-reelección, a lo que tildó como “un disparate”.
Ante la insistencia sobre el mismo tema, Domínguez remarcó que esa era su visión sobre los temas que creía que la Argentina tiene que debatir. “Esta es una agenda pendiente -dijo-. El nuevo federalismo en la Argentina es un tema que se tiene que dar. Nosotros construimos un federalismo en la matriz constitucional del modelo americano, donde sacamos la esencia: los colegios electorales, que eran lo que a Buenos Aires le garantizaba la posibilidad de los nuevos pactos fiscales, los nuevos pactos económicos. Esos instrumentos ya no los tenemos, habrá que rediscutirlo a esto. No nos garantizan los tres senadores el equilibrio y el federalismo que se reclaman en la argentina. Muchas cosas tiene que compensarlas en obras públicas, el Gobierno nacional, sino la situación de Buenos Aires sería de una tremenda asimetría”.
“Yo soy diputado por la provincia de Buenos Aires, entonces creo que estas cosas más tarde o más temprano en la política argentina habrá que discutirlas con más tranquilidad”, puntualizó el titular de la Cámara baja, agregando que “no puede ser que nos corra permanentemente el temor del cuco (de la re-reelección); la presidenta tiene una vocación ciudadana y un compromiso democrático, ella misma disipó cualquier posibilidad de este tema”.
La oposición, en guardia
Consultado sobre el tema por Parlamentario, el diputado Gustavo Ferrari (Frente Peronista) advirtió que nuevos cambios en la Carta Magna significarían “un error” y un “riesgo”, y consideró que se puede defender los intereses de la Provincia “de otra manera”.
En primer lugar, Ferrari celebró que “el presidente de la Cámara sea de Buenos Aires” -tal como suele suceder en las designaciones, con la excepción del jujeño saliente Eduardo Fellner-, ya que “entiende algunas postergaciones de la Provincia”. Además, el diputado también elogió que Domínguez “le ponga su impronta a la conducción de la Cámara” y “que tome cartas en el asunto”. Sin embargo, en cuanto a las declaraciones que motivaban la consulta, el peronista disidente sostuvo que “las reformas constitucionales, siendo un tema tan importante, no pueden darse en un contexto de desequilibrio de fuerzas como el actual”. Por eso, expresó que “la participación de las fuerzas debe ser más equilibrada, por el poder de voto”.
“Abrir de nuevo la Constitución sería un error”, sentenció, opinando que “la recuperación del Colegio Electoral no es suficiente como para abrir la Constitución. No podemos correr ningún riesgo”.
Al ser consultado sobre si cree que otros temas ameritarían la reforma mencionada en un marco de paridad de fuerzas, Ferrari señaló: “Hay algunos aspectos que me preocupan, como las elecciones parlamentarias cada dos años”. En este sentido, opinó que “habría que pensar en períodos más largos, porque la gente se la pasa votando y la actividad parlamentaria termina siendo una catástrofe, como este año”.
Desde el FAP, reaccionaron dos legisladores bonaerenses. El diputado Gerardo Milman manifestó que “yo también soy diputado por la provincia de Buenos Aires, pero para aumentar la Coparticipación de la Provincia, si algo no hay que hacer es reformar la Constitución”. El diputado del Gen estimó que “lamentablemente en la Argentina siempre se utiliza el argumento de la reforma para disimular verdaderas intenciones”, puntualizando que “si se quiere dar más federalismo al país, lo que hay que hacer es aumentar la masa coparticipable quitando poder al Gobierno central y repartiéndolo entre las provincias argentinas, todo lo contrario de lo que hace el Gobierno de Cristina Kirchner y que Domínguez integra”. Y abrió el paraguas al advertir que “cada vez más vamos a ver declaraciones dedicadas a la reforma constitucional por parte de integrantes del elenco oficialista”.
También desde el Gen, el senador Jaime Linares reconoció a Domínguez como “una figura autorizada para plantear temas de agenda”, y si bien aclaró que “de todas maneras, por ahora, no se ha hablado de ningún avance sobre una reforma de la Constitución”, sostuvo que “indudablemente desde el oficialismo, en función de esto, uno supone que estarán pensando en algo y podría ingresar a partir de marzo algún proyecto”.
También se refirió al tema Patricia Bullrich, quien habló de los riesgos que una reforma constitucional podría acarrear. “Las razones que expone el diputado Domínguez para reformar la Constitución no parecen ser las únicas, lo que realmente parecen buscar es eternizarse en el poder, lograr una total hegemonía donde no exista ‘la alternancia’, uno de los pilares de la democracia”.
“Desde Unión Por Todos nos opondremos, porque creemos que la Constitución Nacional no puede ser reformada porque alguien quiere la reelección indefinida, e intenta aprovechar el desequilibrio de fuerza momentáneo para lograrlo. El kirchnerismo obtuvo el 54 % en octubre, pero eso no significa que tiene un cheque en blanco para tomar decisiones como si representaran al cien por ciento, sin respetar, tomar en cuenta, ni permitir participar a las minorías políticas en las decisiones fundamentales del país”, finalizó.
Un deseo recurrente
La reforma constitucional a la que Carlos Menem apeló en 1994 para lograr extender su mandato, fue acordada entonces con el radicalismo, con el objeto de aprovechar para insertar una serie de elementos que modernizaran el texto de 1853. Pero el deseo reformista es recurrente en la política argentina.
Hace exactamente una década los resortes institucionales sirvieron para salvar al país de la disolución. Cuando todavía el humo persistía en las esquinas, las asambleas populares estaban en su apogeo y los cacerolazos se sucedían cada viernes, el Gobierno de Eduardo Duhalde abrió un debate sobre la reforma constitucional, convocando a constitucionalistas y legisladores, tanto opositores como oficialistas.
La iniciativa fue también discutida en un encuentro que el presidente Duhalde y los gobernadores mantuvieron en Olivos, en el que “no hubo consenso unánime”, según relató el entonces jefe de Gabinete Jorge Capitanich, quien destacó que sí hubo en cambio acuerdo para “promover la reforma política en cada provincia”.
El hoy diputado nacional Jorge Yoma era entonces senador y uno de los autores del proyecto en danza, presentado como “reforma política”. El riojano confiaba entonces que existía “una enorme voluntad política de encarar” el proceso de la reforma de la Constitución y de un “Pacto Constituyente Federal” que comprometiera a las provincias en una reforma de sus propias estructuras políticas y burocráticas. “Es el momento de hacer la más importante reforma del sistema político en la historia institucional de la Argentina”, destacaba.
El proyecto que impulsaba el Gobierno contempla, entre otros puntos, la reducción del número de senadores de 72 a 48 y elevar el piso de representación de la Cámara de Diputados de 150 mil a 250 mil habitantes por legislador, lo que llevaría a 150 el número de diputados. También proponía reducir el mínimo de representación de 5 a 3 diputados por provincia y establecer un parámetro para que exista un legislativo unicameral en cada distrito, con un tope de 30 bancas para aquellos que tienen más de un millón de habitantes.
Según estimaba Yoma, esta reforma permitiría restar 770 legisladores provinciales de los 24 distritos, a lo que se sumaría una “reforma profunda a nivel municipal estableciendo la participación efectiva de las organizaciones intermedias”.
El constitucionalista José María Herrera consideraba que la reforma constitucional “no es el camino más inteligente en medio de la profundísima crisis que tiene el país para enfrentar un debate transparente, serio y profundo”. Si bien consideraba que había elementos para una reforma política, estimaba que eso podía hacerse sin reformar la Constitución.
Herrera opinaba que “ir necesariamente a un sistema unicameral a nivel provincial es lisa y llanamente pasar por alto el federalismo y es groseramente inconstitucional”, ya que afecta “la autonomía de cada provincia”, sin considerar que “la bicameralidad -sostuvo- es para obtener una mejor legislación y un mejor control”.
En cambio, el también constitucionalista Alberto García Lema compartió “plenamente” los objetivos de la reforma impulsada por el Ejecutivo, pero advertía que “va a requerir de un proceso de preparación previa mediante un acuerdo federal o interprovincial”.
¿Qué decía entonces el actual jefe del bloque radical de Diputados, Ricardo Gil Lavedra? Que Argentina “tiene déficits institucionales serios” y que debería discutirse, además de la Coparticipación Federal, “el funcionamiento del sistema político tras el colapso del Gobierno de Fernando de la Rúa” para salir de su “rigidez y dar una salida a los cambios de preferencias del electorado”.
Gil Lavedra cuestionaba entonces la figura del jefe de Gabinete en la Constitución concebida como “un liderazgo forzado, un líder paternalista que pueda salvar a la Nación ante las crisis” y se manifestó a favor de “un sistema que favorezca la cooperación y el consenso”. Respecto del proyecto por entonces en danza, coincidió en que “en cada una de las provincias no se justifica un parlamentarismo bicameral y se podría avanzar un poco más en la regionalización para que el gasto sea más eficiente y más transparente”.
El diputado José María Díaz Bancalari decía entonces que existe “una voluntad mayoritaria de una reforma al sistema de representación y se ve como imperioso la reducción del número de diputados”.
Como se ve, una eventual reforma constitucional le pone los pelos de punta a muchos, pero también tienta a otros, por cuanto hay coincidencia de que hay muchos elementos que pueden corregirse de la norma actual. Pero está dicho, debatir el tema bien podría ser abrir una caja de Pandora.
