La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo se reunirá el lunes que viene para analizar la legalidad del decreto que dispuso una revisión de pagos adicionales que perciben empleados de la administración pública.
La única reunión prevista para enero en la agenda oficial de sesiones de comisiones de ambas cámaras del Parlamento tendrá lugar la semana que viene en el Senado.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo será quien romperá el receso vacacional el lunes próximo para elegir al legislador que presidirá el cuerpo durante este año y analizar la legalidad del decreto que dispuso revisar algunos ítems de los salarios de trabajadores estatales.
El cuerpo parlamentario se reunirá a las 18 en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta y se anticipa que la presidencia será ocupado por un kirchnerista, debido a que tiene la representación de los dos tercios de sus integrantes.
La comisión quedó integrada en diciembre por diez parlamentarios oficialistas y cinco de la oposición, en una proporción que asegura el rápido tránsito de los decretos en la etapa de revisión obligatoria por el Congreso. Distinto será de la inactividad que atravesó durante el año pasado, debido a que oficialistas y opositores tenían el mismo número de representantes.
Sin embargo, el triunfo kirchnerista del 23 de octubre rompió el balance establecido en el 50 por ciento de la representación y otorgó una diferencia indescontable a favor del sector progubernamental del 65 por ciento, contra el 35, en esa comisión.
El oficialismo, más sus aliados, reúne a los senadores Miguel Ángel Pichetto, Beatriz Rojkés de Alperovich, Marcelo Guinle, Pablo González y María de la Rosa; y los diputados Jorge Landau, Eduaro De Pedro, Luis Cicogna, Diana Conti y Agustín Rossi.
En la lista de opositores figuran los senadores radicales Luis Petcoff Naidenoff y Ernesto Sanz; y diputados Juan Pedro Tunessi y Jorge Albarracín. El único peronista disidente es el mendocino Enrique Thomas.
La comisión enalizará el lunes el decreto que dispuso una revisión de pagos adicionales, bonificaciones o suplementos salariales extraordinarios que perciben empleados de la administración pública, sancionado en diciembre por la presidenta Cristina Fernández.
